Punto Neutro Judicial

El Punto Neutro Judicial (PNJ) es una red de servicios respaldada por el Consejo General del Poder Judicial. Tiene el propósito de agilizar y mejorar la tramitación de casos judiciales. Esta red de telecomunicaciones conecta órganos judiciales con diversas instituciones estatales y es gestionada por el órgano de gobierno de los jueces.

Su función principal es proporcionar un acceso directo a aplicaciones y bases de datos, tanto del propio Consejo como de organismos gubernamentales y otras instituciones. El objetivo es optimizar los procedimientos legales, aumentar la seguridad y, en última instancia, mejorar la satisfacción de los usuarios.

El Punto Neutro Judicial no almacena información per se, sino que actúa como un canal de comunicación telemática que centraliza y facilita la transferencia de datos entre los órganos judiciales y entidades como la Agencia Tributaria, la Dirección General de la Policía, el Servicio Público de Empleo o el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Servicios que presta el punto neutro judicial

El Punto Neutro Judicial (PNJ) desempeña un papel fundamental al ofrecer una serie de servicios que agilizan la labor de la justicia. Estos servicios incluyen:

Consultas patrimoniales y domiciliarias

El PNJ permite realizar averiguaciones patrimoniales y domiciliarias, dando acceso a diversos organismos e instituciones. Entre estos se incluyen los siguientes:

Intercambio de información entre organismos

Facilita el intercambio de información entre organismos y entidades. Algunos de los organismos incluidos son los siguientes:

Solicitud de embargos telemáticos

El PNJ permite a la Administración de Justicia solicitar el embargo telemático de cuentas a la vista, optimizando este proceso.

Solicitud de averiguación patrimonial del ejecutado y del domicilio del demandado

De acuerdo con el artículo 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el ejecutante tiene la opción de solicitar una investigación judicial sobre el patrimonio del ejecutado cuando no pueda obtener dicha información por sus propios medios.

Adicionalmente, el PNJ se utiliza para solicitar la averiguación del domicilio de la parte demandada, cuando las notificaciones previas han sido infructuosas y el actor carece de información sobre otros domicilios donde efectuar nuevas notificaciones. En tales casos, el Letrado de la Administración de Justicia puede acceder al PNJ para obtener el domicilio en organismos adheridos.

Si no se logra hallar una dirección adicional, la única opción de notificación viable es mediante la publicación de edictos.

¿Cómo solicitar una averiguación patrimonial de solvencia?

Cuando se inicia la fase de ejecución contra un individuo o una empresa y no se cuenta con información detallada sobre los activos que podrían ser objeto de embargo, el ejecutante tiene la posibilidad de solicitar una averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial (PNJ).

Este proceso comienza con una solicitud presentada por el ejecutante mediante un escrito. Debe especificar claramente qué organismos se deben consultar. Esta solicitud es canalizada al Letrado de la Administración de Justicia (LAJ).

Cuando se trata de deudores particulares, se recomienda solicitar información a los siguientes organismos:

  • SEPE. Esta consulta permite verificar si el ejecutado recibe prestaciones por desempleo.
  • TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social). Se consulta si el demandado está registrado como empleado en alguna empresa. De ser así, se verifica su salario para determinar si es inembargable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
  • DGT (Dirección General de Tráfico). Se consulta si la parte ejecutada es propietaria de vehículos.
  • AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). En este caso, se solicita el embargo de futuras devoluciones de impuestos que el ejecutado pueda recibir. Este embargo se comunica a la AEAT a través del Punto Neutro Judicial.

Generalmente, el LAJ procede a autorizar la averiguación patrimonial y facilita el acceso a la información. A continuación, el ejecutante puede solicitar el embargo si se confirma la existencia de bienes o derechos susceptibles de ser embargados.