Derecho de defensa

¿Qué es el derecho de defensa?

El derecho de defensa es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, y supone el reconocimiento a todos los ciudadanos de su derecho procesal a hacer valer sus pretensiones y a contradecir los argumentos de la otra parte, alegando lo que estime procedente y aportando los medios de prueba necesarios.

Se trata de un principio consagrado en la Constitución Española, que engloba distintas garantías procesales para el acusado o demandado, principalmente, en un procedimiento judicial.

¿Dónde se regula?

La Constitución Española recoge el derecho de defensa en su artículo 24.2 a modo de concreción del derecho a la tutela judicial efectiva, más amplio, contemplado en el artículo 24.1.

La regulación de las consecuencias de su vulneración se establece fundamentalmente en los artículos 238 y 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También recoge aspectos relacionados con el derecho de defensa la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

¿Qué relación existe entre el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva?

El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho más complejo que reconoce a todos los ciudadanos el poder de promover la actividad de los órganos jurisdiccionales para defender sus derechos e intereses legítimos por medio de un proceso justo, y obtener así una resolución efectiva y fundada en derecho.

Se trata, por tanto, de un derecho que asiste a ambas partes en el proceso: tanto a la persona que promueve el procedimiento para hacer valer sus derechos como a la persona que se ve implicada en un procedimiento promovido por otra.

El derecho de defensa, por su parte, es principalmente el derecho que ostenta la parte demandada o denunciada, contra quien se promueve un procedimiento judicial, a participar de forma activa presentando alegaciones y medios de prueba con el fin de hacer valer sus pretensiones, si bien también ampara al demandante o acusador en la medida en que se le reconoce, en algunos casos, la facultad de presentar sus propias pruebas para contrarrestar los argumentos aportados por el demandado.

Por tanto, se puede afirmar que el derecho a una tutela judicial efectiva tiene un alcance más amplio, ya que engloba tanto el derecho a promover el proceso como el derecho a actuar en él con todas las garantías, mientras que el derecho de defensa se centra en una manifestación concreta de aquel, fundamentalmente enfocada en las posibilidades de la parte procesada.

¿Qué aspectos abarca el derecho de defensa?

El propio artículo 24 de la Constitución contempla distintas vertientes del derecho de defensa:

• Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. La posibilidad de acceder a un juez independiente e imparcial supone una defensa frente a la arbitrariedad, ya que impide que se manipule la adscripción de jueces para perjudicar al acusado o demandado.
• Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. Este aspecto constituye el núcleo directo del derecho de defensa, ya que garantiza que la persona cuente con asesoramiento jurídico experto para articular adecuadamente su actuación en el proceso.
• Derecho a ser informado de la acusación formulada contra uno. Nadie puede defenderse adecuadamente si no conoce exactamente los hechos que se le imputan y la calificación jurídica de los mismos.
• Derecho a un proceso público, sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. La publicidad del proceso evita el uso de artimañas fraudulentas para perjudicar al procesado, la rapidez en la tramitación contribuye a la mayor justicia del proceso, y las garantías procesales aseguran el respeto de las reglas de juego.
• Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la propia defensa. Este aspecto supone dotar al procesado de las herramientas necesarias para defenderse, sean documentos, testigos o informes periciales.
• Derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. Este punto supone un presupuesto básico de la defensa propia y permite al acusado guardar silencio para evitar perjudicarse a sí mismo.
• Derecho a la presunción de inocencia. Por último, este punto traslada la responsabilidad de probar la culpabilidad a quien acusa, en lugar de hacer recaer en el acusado el trabajo de probar su inocencia.

Se puede resumir el derecho de defensa como el derecho a recibir un juicio justo con todas las garantías, a presentar, con la ayuda de un letrado, las alegaciones y medios de prueba que sean necesarios para apoyar las propias pretensiones y a ser considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario.

¿Cómo influye el derecho de defensa en el derecho a la asistencia jurídica gratuita?

El derecho a la asistencia jurídica gratuita supone una garantía de acceso a la jurisdicción para todos los ciudadanos, aunque no tengan los medios económicos necesarios para interponer una pretensión u oponerse a ella.

Con este derecho se pretende evitar que las personas queden indefensas procesalmente por carecer de los recursos necesarios para litigar.

En la práctica, implica poder disponer de abogado y procurador de forma gratuita y ser dispensado igualmente de pagar las costas procesales mientras no haya una mejora de la posición económica.

Al igual que el derecho de defensa, el derecho a la asistencia jurídica gratuita está consagrado en la Constitución Española, concretamente en el artículo 119, que supedita la gratuidad de la justicia a que se acredite la insuficiencia de recursos económicos.

Se puede afirmar, por tanto, que la justicia gratuita es la herramienta económica y procesal que garantiza un derecho de defensa real y efectivo, ya que, si este dependiera de los medios económicos del procesado, no pasaría de ser una mera declaración formal vacía de contenido que podría derivar en indefensión por motivos económicos.

¿Qué ocurre si se vulnera el derecho de defensa?

La vulneración del derecho de defensa por no respetar los derechos y facultades que contempla la Constitución desemboca en las siguientes consecuencias:

Declaración de indefensión

La consecuencia directa de que se vulneren los derechos de defensa en un procedimiento judicial es la declaración de nulidad de las actuaciones por indefensión, de acuerdo con el artículo 238.3.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Declarada la nulidad, las actuaciones se deben retrotraer al momento procesal anterior y repetirse correctamente (artículo 241.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Cuando la resolución ya sea firme y no quepa recurso ordinario ni extraordinario, la nulidad podrá solicitarse excepcionalmente mediante un incidente ante el mismo juzgado o tribunal, siempre que la vulneración no haya podido denunciarse antes de recaer dicha resolución (artículo 241.1 del mismo texto legal).

El plazo para solicitar este incidente de nulidad es de 20 días desde la notificación de la resolución o desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión (sin que puedan haber transcurrido más de 5 años desde la notificación).

Recurso de amparo

Al estar reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, el derecho de defensa es un derecho fundamental que merece la máxima protección del ordenamiento jurídico. Esto supone que, si se agotan las vías judiciales ordinarias sin lograr corregir la indefensión, se puede interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de un derecho fundamental.

Para que sea posible esta vía excepcional, debe haberse producido una indefensión material o real que se traduzca en un perjuicio efectivo a la persona, privándola objetivamente del resultado que habría podido obtener de haberse respetado sus garantías.