La tutela judicial efectiva es un derecho no solo reconocido por la Constitución Española, sino enmarcado dentro de los Derechos Fundamentales de nuestro ordenamiento.
Concretamente, se refiere al derecho de toda persona a invocar la actividad de los órganos judiciales, en defensa de sus intereses legítimos.
Esta actividad debe concluir en una resolución basada en derecho, al término de un proceso justo. Dicha resolución debe ser cumplida, en todo caso, pero no se exige que sea favorable a las pretensiones de quien inicia el proceso para considerarse observado el derecho a la tutela judicial efectiva.
Ha de tenerse en cuenta que se considera plenamente legítimo el establecimiento de presupuestos y requisitos legales que hayan de ser cumplidos para acceder al proceso, de manera que puede considerarse satisfecho este derecho a la tutela judicial efectiva aún cuando la respuesta de los órganos judiciales sea de inadmisión fundada en un precepto legal, siempre y cuando, dicho precepto, respete el contenido de este derecho fundamental.
Este derecho también incluye la obligación de que las resoluciones judiciales estén suficientemente motivadas, es decir, que expliquen detalladamente los motivos y razones en los que se basan para llegar a su decisión.
Esta explicación debe dejar clara la ausencia de arbitrariedad, de modo que se considerará vulnerado este derecho en los supuestos en los que una resolución o bien no contenga esta motivación, ni en menor ni en mayor medida, o bien contenga una motivación, pero ésta sea solo aparente, es decir, que se funde en un razonamiento arbitrario o irrazonable.