Presunción de inocencia

La presunción de inocencia es el principio por el cual una persona será tratada como inocente hasta que haya una sentencia firme de culpabilidad. Es uno de los derechos fundamentales garantizados en la Declaración de Derechos Humanos y de la Constitución Española.

Presunción de inocencia

La presunción de inocencia garantiza a toda persona contra la que se haya dirigido un proceso, ser inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia.

Cuando un sujeto es acusado de un hecho delictivo deberá considerarse su presunta inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un juicio.

¿Dónde se regula la presunción de inocencia?

Constitución española

En su artículo 24.2 se garantizan ciertos derechos de las personas en un proceso judicial, entre ellos la presunción de inocencia.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Artículo 24.2 de la Constitución Española

Declaración Universal de los Derechos Humanos

El artículo 11.1 determina que toda persona acusada de un delito será presumida inocente hasta que no se establezca su condena en un juicio público con todas las garantías de defensa.

Leyes y reglamentos internacionales

  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 14.2 se afirma también la presunción de inocencia de toda persona hasta la declaración de su culpabilidad conforme a la ley.
  • Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 6 de este convenio habla del derecho a los procesos equitativos. En su inciso 2 establece la inocencia de toda persona acusada de alguna infracción hasta la culpabilidad declarada legalmente.

La presunción de inocencia en el Derecho Penal español

Todo país democrático toma como base en su ordenamiento jurídico el principio de presunción de inocencia. En lo que refiere al derecho penal español es posible distinguir una doble aplicación:

  1. Regla de tratamiento: durante todas las fases que constituyen el proceso por el cual atraviesa el acusado, debe ser tratado como si fuese inocente.
  2. Regla de juicio: desde el inicio el juez debe asumir la condición de inocente, por lo que la parte acusadora tiene la responsabilidad de presentar la carga probatoria suficiente para la condena.

En este sentido, el juez es quien tiene la facultad para estimar las pruebas conforme al principio de libre valoración. La normativa vigente establece que solo tendrá que iniciar esta valoración cuando las pruebas presentadas debiliten la presunción de inocencia.

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Pruebas presentadas

Las pruebas que se presenten deberán cumplir con una serie de requisitos para que su valoración sea suficiente y derive en una condena.

  • Carga probatoria de la parte que acusa. En todo proceso penal serán los sujetos que ocupan el lugar de acusadores quienes tengan la responsabilidad de aportar las pruebas, tanto para acreditar la punibilidad del hecho como la responsabilidad del acusado o acusada.
  • Los actos de prueba deben sustentarse en el juicio. Si bien se establece como excepciones aquellas preconstituidas y anticipadas en cumplimiento de las condiciones legales, el resto de la actividad probatoria se valora en instancia del juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad.
  • Las investigaciones policiales y los atestados son medios de denuncia y no de prueba. Solo será probatoria la declaración testimonial de quien haya elaborado el documento.
  • Las pruebas deben ser obtenidas dentro del marco de la ley. Ninguna condena puede basarse en elementos probatorios prohibidos o que vulneren los derechos fundamentales de las personas de manera directa o indirecta.
  • Razonamiento de la prueba: con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, el tribunal tiene la obligación de ofrecer las justificaciones por las cuales se valora las pruebas.

Exigencias jurisprudenciales para no desvirtuar la presunción de inocencia

La jurisprudencia ha sentado con claridad los requisitos que deben concurrir para que no se desvirtúe la presunción de inocencia. El incumplimiento de alguno de estos supuestos es motivo para que se considere una animosidad en la acusación.

Credibilidad

Los testimonios de la víctima o de otras personas que se presenten como pruebas deben ser creíbles y coherentes.

Cualquier tipo de contradicción u opinión que suponga un alejamiento de la realidad no será admitido como prueba para una condena.

Relaciones de enemistad previas

Si las partes han mantenido una relación previa de enemistad y se visualiza la animosidad de venganza, se puede suponer una desvirtuación a la presunción de inocencia.

Los tribunales en sus diferentes sentencias han hablado de ausencia de incredibilidad subjetiva. Esto implica que el acusador debe demostrar que no recae en la subjetividad, sino que es creíble con elementos objetivos.

Presencia de elementos objetivos

Las pruebas son fundamentales para una sentencia condenatoria. Es necesario que se presenten elementos objetivos que acrediten los hechos y la responsabilidad del acusado.

De lo contrario, es la palabra de una parte contra la otra parte, por lo que no habría condena posible.

Algunos de los elementos objetivos más frecuentes para presentar en un juicio son:

  • Conversaciones telefónicas o por otros medios digitales.
  • Fotografías, videos...
  • Certificados médicos.
  • Informes periciales.
  • Testimonios de testigos.
  • Otro tipo de documentos.

Conclusión

La presunción de inocencia es un derecho fundamental de todas las personas garantizado en la Constitución Española, así como en muchas declaraciones internacionales.

Toda persona acusada de cometer un delito deberá ser tratada como inocente hasta que, mediante un juicio con todas las garantías de defensa, pueda comprobarse su culpabilidad.

Los tribunales siempre se basarán sobre la presunción de inocencia y solo valorarán las pruebas para una sentencia condenatoria cuando se cumplan con todos los requisitos.

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