El principio de interdicción de la arbitrariedad es un pilar primordial del Estado de Derecho. Mediante el establecimiento de límites claros a la actuación de las ramas públicas y al ejercicio discrecional del poder, este principio salvaguarda los derechos y garantías de los ciudadanos.
Se garantiza que las leyes y determinaciones tomadas por los legisladores, funcionarios y jueces, estén sustentadas en el derecho. En otras palabras, que estén ajustadas a criterios de coherencia, justicia y legalidad. Lo que asegura un marco legal imparcial y equitativo, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales.
Al otorgar los mecanismos para una acción de los poderes fundamentada en la ley, dichos poderes no pueden actuar de manera arbitraria en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, esta arbitrariedad se refiere a la falta de razonabilidad o justificación objetiva en la toma de decisiones.
En el ámbito legislativo, esto significa que las leyes no pueden ser adoptadas de manera irrazonable, caprichosa o sin una fundamentación válida. A los legisladores les corresponde respetar los límites establecidos por la Constitución española.
En la rama ejecutiva, el principio implica que los funcionarios y autoridades encargados de la ejecución de las leyes deben actuar dentro del margen determinado por la misma legislación.
Para el poder judicial, este principio supone una toma de decisiones, por parte de los jueces y magistrados, basada en el derecho y la justicia. Es su deber dictar sentencias y resolver casos bajo cimientos legales y lógicos.
Elementos que conforman el principio de interdicción de la arbitrariedad
Entre los componentes que dan forma y sustento a este principio se destacan:
- Fundamentación en la ley: cualquier actuación de los poderes públicos, incluyendo la labor legislativa, debe tener un respaldo legal y estar basadas en la ley.
- Proporcionalidad: las medidas adoptadas deben ser proporcionales a los fines perseguidos. Es decir, no deben ser excesivas o desproporcionadas en relación con el objetivo legítimo buscado.
- Coherencia con la Constitución: toda decisión debe estar en consonancia con los principios y valores consagrados en la Constitución española. Esto significa que no puede ser contraria a los principios básicos del ordenamiento jurídico.
- Debido proceso: este elemento garantiza que todas las personas tienen derecho a un proceso justo y equitativo, cuando estén implicadas en un procedimiento legal. Lo que supone el respeto por las garantías procesales, como el derecho a ser oído, el derecho a la defensa y el derecho a un juicio imparcial.
Finalidad del principio de interdicción de la arbitrariedad
El sentido del principio de interdicción de la arbitrariedad lo otorga la necesidad de controlar el ejercicio del poder y de exigir que los estamentos públicos actúen dentro del marco legal. Con dicho control se busca:
- Proteger los derechos fundamentales: la adopción de este principio garantiza que las acciones de los poderes públicos no violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española y en los tratados internacionales. Lo cual resulta esencial en el mantenimiento de un Estado de Derecho y de una sociedad justa.
- Salvaguardar la seguridad jurídica: al prohibir cualquier actuación al margen del derecho, se asegura que las normas y decisiones sean predecibles y basadas en criterios objetivos. Esto proporciona a los ciudadanos estabilidad y certeza, evitando a su vez que los órganos del Estado actúen de manera impredecible o injusta.
- Controlar la discrecionalidad: el principio de interdicción de la arbitrariedad requiere que las determinaciones y actuaciones de las ramas del poder estén debidamente justificadas y fundamentadas. Lo cual implica la existencia de razones objetivas, lógicas y legales que respalden los fallos tomados.
- Rendición de cuentas: al facilitar la revisión de las decisiones, este principio permite que estas sean controladas por instancias superiores. Lo anterior conlleva a que las autoridades sean responsables por sus acciones y a que estas puedan ser cuestionadas y corregidas en caso de arbitrariedad. De esta forma, los ciudadanos tienen la posibilidad de controvertir las resoluciones que consideren contrarias al derecho.
- Coherencia normativa: este principio contribuye a mantener la coherencia del ordenamiento jurídico. Esto es debido a que las leyes deben ser concordantes entre sí, sin contradecir los principios rectores y valores fundamentales establecidos a lo largo del marco normativo. Lo que promueve la seguridad jurídica y la confianza en el sistema legal.
- Contribuir a la efectiva separación de poderes: este principio hace posible que cada poder (legislativo, ejecutivo y judicial) actúe dentro de sus competencias. De esta manera, da cumplimiento, única y exclusivamente, a sus funciones específicas. Con lo que se evita la concentración excesiva de poder, a la vez que se protegen los controles y equilibrios necesarios en toda estructura de corte democrático.
Conclusión
El principio de interdicción de la arbitrariedad es un elemento esencial para asegurar un sistema legal justo y equitativo. Al limitar el poder de los órganos estatales, se protegen los derechos de los ciudadanos y garantizan sus libertades, promoviendo así el Estado de Derecho.
Igualmente, contribuye a la construcción de un andamiaje jurídico robusto, donde las actuaciones de los poderes públicos deben estar sometidas a la ley. El control de las decisiones y acciones de los poderes públicos, obliga a que su toma obedezca a parámetros legítimos, objetivos y críticos.
Todas estas son piezas fundamentales que garantizan la justicia, la igualdad y la seguridad legal al interior de una sociedad democrática. Lo que hace del principio de interdicción de la arbitrariedad un soporte clave en el mantenimiento de un aparato estatal sólido, equitativo y garante.