La doctrina de los actos propios, también conocida como non venire contra factum proprium, establece un principio fundamental del derecho que prohíbe actuar en contradicción con los propios actos anteriores.
Este principio surge de la buena fe y busca evitar que una persona limite los derechos de otra al revertir su propio comportamiento previo. En el ámbito jurídico, esta doctrina sirve como límite al ejercicio de derechos subjetivos, facultades o potestades, exigiendo coherencia en el comportamiento dentro del tráfico jurídico.
Algunos ejemplos que ilustran esta regla son el del trabajador que denuncia malos tratos por parte del empleador, cuando él mismo ha maltratado al empleador inmediatamente antes; o el de un padre que, mediante el acto voluntario de reconocer a alguien como hijo, no puede luego impugnar ese estado civil.
¿Qué dice la doctrina de los actos propios?
El Tribunal Constitucional establece que la doctrina de los actos propios vincula al autor de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma. Este principio, fundamentado en la protección de la confianza depositada en el comportamiento ajeno y la buena fe, limita el ejercicio de los derechos objetivos.
El Tribunal Supremo, a través de jurisprudencia extensa, define las bases y requisitos de esta regla. De esta forma, se limita el ejercicio de derechos subjetivos o facultades, exigiendo coherencia en el comportamiento y cumplimiento de requisitos como la inequívoca definición de una situación jurídica por parte del agente.
El núcleo de esta teoría reside en las posibilidades legítimas que se generan cuando un individuo, como agente racional, crea ciertas expectativas justificadas en razones y legítimas según los principios legales.
Aunque se sustenta en el principio de buena fe del Código Civil, la figura de los actos propios no está expresamente regulada en el ordenamiento jurídico español. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han fijado su contenido y aplicación en diversas sentencias, reconociendo su importancia en la protección de la confianza y la coherencia en el ámbito legal.
Requisitos de aplicación de la doctrina de los actos propios
Esta doctrina, basada en el principio de la buena fe, limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables. No se puede ir contra los propios actos cuando se ha inducido a alguien a actuar en base a una confianza generada por la conducta anterior.
La doctrina tiene aplicación cuando lo realizado se opone a actos que previamente crearon una situación de derecho, y su último fundamento es la protección de la confianza y el principio de la buena fe.
Para aplicar la doctrina de los actos propios se deben cumplir ciertos requisitos:
- Claridad en los actos propios. Los actos del agente deben ser inequívocos.
- Incompatibilidad o inconsecuencia. Debe existir una incompatibilidad entre la conducta anterior y la pretensión actual.
- Conciencia plena en la conducta. El agente debe actuar sin margen de error, demostrando plena conciencia para producir o modificar el sentido del acto anterior.
- Generación razonable de expectativas. La generación de la expectativa inicial debe ser razonable y no debe indicar que el acto original nace del error, la ignorancia o la mera tolerancia.
- Legitimidad de la expectativa. La expectativa generada debe ser legítima y estar en conformidad con los principios del ordenamiento jurídico.
- Frustración de la expectativa. La doctrina se aplica cuando se produce la frustración de la expectativa generada.
- Daño a terceros. La conducta cambiante del agente debe provocar un daño a terceros para que la doctrina sea relevante para el Derecho.
El Tribunal Supremo, a través de su jurisprudencia, establece que la inadmisibilidad de ir contra los actos propios constituye un límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad.
Ámbito de aplicación
La aplicación de la doctrina de los actos propios tiene principalmente un impacto procesal. En otras palabras, afecta la legitimación procesal activa o pasiva del agente en la alegación de derechos o excepciones.
La aplicación de esta doctrina no se limita a disputas entre particulares, sino que también se extiende a la Administración Pública y al Ministerio Público, con ajustes. En estos casos, el cambio de conducta debe comunicarse previamente a los ciudadanos, y los criterios de fondo del cambio están sujetos a otros principios.
Para que la doctrina sea aplicable, la conducta anterior debe revelar inequívocamente una vinculación jurídica entre las partes, generando una confianza lógica en una situación aparente que induce a actuar en un sentido determinado.
La doctrina de los actos propios, inicialmente arraigada en el derecho privado, ha evolucionado para convertirse en un principio general que abarca diversas áreas del ordenamiento jurídico, generando situaciones jurídicas estables.