Potestad reglamentaria

​​La potestad reglamentaria se refiere al poder que tienen las autoridades administrativas para dictar normas o reglamentos que tienen fuerza de ley y que complementan o desarrollan la legislación existente. Es una facultad propia del poder ejecutivo y de otras autoridades administrativas en un Estado.

Permite establecer normas específicas y detalladas que regulen la aplicación de las leyes y que ofrezcan instrucciones para su cumplimiento. Estos reglamentos son considerados como normas jurídicas y tienen la misma validez que las leyes, aunque se encuentren en un nivel jerárquico inferior.

Ejemplos de la potestad reglamentaria

Algunos ejemplos de la potestad reglamentaria son los reglamentos emitidos por:

• Los ministerios
• Las agencias gubernamentales
• Los organismos reguladores
• Otras entidades administrativas.

Estos reglamentos pueden abordar una amplia gama de temas, como la seguridad, la salud, el medio ambiente, el transporte, la educación, entre otros.

Es importante destacar que la potestad reglamentaria está sujeta a ciertos límites y principios legales. Por ejemplo, los reglamentos no pueden ir en contra de lo establecido en la legislación vigente y deben respetar los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

En muchos sistemas jurídicos, los reglamentos pueden ser impugnados ante los tribunales si se considera que exceden los poderes otorgados por la ley o son irrazonables.

¿Por qué se les da ese poder a los órganos de Administración Pública?

Existen varias razones por las cuales se atribuye un poder relevante a determinados órganos de la Administración Pública en lo que respecta a la potestad reglamentaria:

Especialización técnica

Estos órganos suelen contar con personal capacitado y conocimientos especializados en áreas específicas. Al tener una comprensión profunda de los asuntos relacionados, pueden utilizar su experiencia y conocimiento para establecer normas detalladas que regulan aspectos particulares de la legislación.

La especialización técnica permite una mejor implementación y eficiencia de las políticas públicas. Los órganos administrativos pueden elaborar reglamentos que aborden de manera precisa y adecuada los desafíos y las necesidades específicas de cada área.

Al contar con expertos en el campo, se garantiza una toma de decisiones más fundamentada y se promueve la adopción de medidas adecuadas para abordar los problemas complejos que puedan surgir.

Flexibilidad y adaptabilidad

El proceso legislativo para aprobar una ley puede ser largo y complejo, lo que dificulta una respuesta ágil a los cambios en la sociedad o en las necesidades públicas. La potestad reglamentaria permite a los órganos administrativos responder de manera más rápida y eficiente a estas demandas cambiantes.

Pueden adaptar y actualizar las normas existentes o establecer nuevas reglas que se ajusten a las circunstancias específicas. Esta flexibilidad y adaptabilidad son fundamentales para garantizar que las políticas públicas sean efectivas y estén en sintonía con las necesidades de la sociedad en constante evolución.

Ejecución de la ley

Los órganos administrativos tienen la capacidad de establecer reglas específicas para la implementación y ejecución de las disposiciones legales. Estos reglamentos pueden detallar procedimientos, requisitos, plazos y otros aspectos necesarios para llevar a cabo las disposiciones legales de manera efectiva.

Al establecer reglamentos claros y específicos, se proporcionan pautas para la toma de decisiones y se asegura una aplicación uniforme de la ley en todo el territorio.

Este hecho es especialmente importante cuando las leyes son generales y requieren una mayor especificidad para su aplicación práctica. Los reglamentos actúan como instrumentos complementarios que permiten traducir las disposiciones legales en acciones concretas y prácticas.

Descentralización del poder

En lugar de concentrar todo el poder en el poder legislativo o en un solo órgano administrativo, la potestad reglamentaria permite distribuir la toma de decisiones a lo largo de la Administración Pública. Esta descentralización garantiza que la toma de decisiones y la elaboración de reglamentos no sean monopolio de un solo ente.

Los órganos administrativos, con su conocimiento especializado y cercanía a los problemas específicos, pueden participar activamente en la formulación de normas y reglamentos que sean más relevantes y aplicables a nivel local o sectorial. También permite una mayor participación de los expertos y de aquellos que se ven directamente afectados por las políticas públicas.

Eficiencia administrativa

Los reglamentos proporcionan un marco detallado que establece procedimientos claros, requisitos y directrices específicas para la toma de decisiones y la ejecución de políticas.

Al contar con reglamentos precisos, se facilita la gestión de los recursos y se reduce la incertidumbre en la aplicación de la ley. Los órganos administrativos pueden tomar decisiones de manera más eficiente y consistente, lo que permite una mejor organización y coordinación de las actividades gubernamentales.

Estatutos reglamentarios que lo fundamenta

La Constitución Española de 1978 establece expresamente la potestad reglamentaria en su artículo 97. Dicho artículo establece que:

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 97 de la Constitución Española

Así reconoce el Gobierno de España la facultad de ejercer la potestad reglamentaria, que implica la capacidad para dictar normas reglamentarias que desarrollen y complementen la legislación existente. El Gobierno, como órgano del poder ejecutivo, puede establecer reglamentos que detallan los procedimientos, requisitos y directrices específicas para la aplicación y ejecución de las leyes.

Es importante destacar que, si bien la Constitución establece la potestad reglamentaria del Gobierno, también establece límites y controles en el ejercicio de este poder.

Principio de no arbitrariedad

Este principio de interdicción de la arbitrariedad implica que la Administración Pública debe actuar de manera imparcial, equitativa y transparente en sus actuaciones, evitando tratos arbitrarios o discriminatorios hacia los ciudadanos. Significa que las decisiones administrativas deben estar fundamentadas en normas jurídicas, principios legales y criterios razonables.

Esto implica que la Administración debe ofrecer una justificación razonada y objetiva de sus actuaciones, asegurando que exista una conexión lógica y jurídica entre los hechos, los fundamentos legales y la decisión tomada. Además, también implica que los ciudadanos tienen derecho a impugnar las decisiones administrativas que consideren arbitrarias o injustas.

Es esencial para garantizar la legalidad, la igualdad y la seguridad jurídica en el ejercicio de la potestad administrativa. Al evitar la arbitrariedad, se asegura que la Administración actúe de manera coherente y predecible, tratando a los ciudadanos de manera justa y equitativa en sus relaciones con el Estado.