Denegación de entrada

¿Qué es la denegación de entrada?

La denegación de entrada consiste en la negativa de las autoridades encargadas del control fronterizo a permitir el acceso a España de una persona extranjera que no cumple las condiciones legales exigidas para entrar en territorio nacional.

Se trata de una decisión que se adopta en el puesto fronterizo, normalmente en un aeropuerto, puerto o frontera terrestre, antes de que la entrada se entienda válidamente realizada. Por tanto, no se refiere a una expulsión posterior desde el interior del territorio, sino a una actuación administrativa vinculada al control de acceso en frontera.

La decisión puede ser consecuencia de la inspección realizada por los funcionarios responsables del control. En esa actuación se comprueba la identidad de la persona, la validez del documento de viaje, la existencia de visado cuando sea obligatorio, la justificación del motivo del desplazamiento, la disponibilidad de medios económicos, el cumplimiento de los requisitos sanitarios y la inexistencia de prohibiciones de entrada.

Si tras esa comprobación se aprecia que la persona no reúne las condiciones exigidas, la autoridad puede dictar una resolución de denegación de entrada. Su efecto principal es que la persona afectada debe regresar al punto de procedencia o continuar viaje hacia otro país en el que sea admitida.

¿Dónde se regula la denegación de entrada?

La denegación de entrada se contempla fundamentalmente en el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (conocida como Ley de Extranjería).

Su desarrollo reglamentario se contiene en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre (conocido como Reglamento de Extranjería)

1. Los funcionarios responsables del control denegarán la entrada en el territorio español a las personas extranjeras que no reúnan los requisitos establecidos en este capítulo y en el Derecho de la Unión Europea. Dicha denegación se realizará mediante resolución motivada y notificada directamente al interesado que comparece en el paso de fronterizo, con información acerca de los recursos que puedan interponerse contra ella, el plazo para hacerlo y el órgano ante el que deban formalizarse, así como de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio en el caso de que el interesado carezca de recursos económicos suficientes y, en su caso, de intérprete, que comenzará en el momento de efectuarse el control en el paso fronterizo.

(...)

Artículo 15.1 del Reglamento de Extranjería

También resulta aplicable el Reglamento de la Unión Europea 2016/399, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece el Código de fronteras Schengen. Esta norma regula las condiciones de entrada de los nacionales de terceros países en las fronteras exteriores, la forma de acordar la denegación y el modelo normalizado que debe utilizarse.

¿A quién puede afectar?

La denegación de entrada puede afectar, principalmente, a los nacionales de terceros países que pretendan entrar en España desde una frontera exterior y no estén amparados por el régimen de libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea.

Dentro de este grupo se incluyen, entre otros, los extranjeros que viajan a España por turismo, visita familiar, negocios, estudios de corta duración, asistencia a congresos o tránsito, siempre que deban acreditar en la frontera el cumplimiento de las condiciones exigidas para la entrada.

En el caso de ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de Suiza, y de sus familiares, se aplica un régimen específico de entrada y residencia. No obstante, pueden existir limitaciones en supuestos tasados, especialmente por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, conforme a su normativa propia.

¿Por qué causas se puede denegar la entrada en España?

La denegación de entrada puede basarse tanto en el incumplimiento directo de los requisitos legales de entrada como en irregularidades detectadas durante la inspección fronteriza.

Incumplimiento de los requisitos de entrada

Se puede denegar la entrada cuando la persona extranjera no acredita alguno de los requisitos exigidos para acceder a España o al espacio Schengen.

Entre las causas más habituales se encuentran las siguientes:

• No disponer de un documento de viaje válido, con la vigencia y condiciones exigidas por la normativa aplicable.
• No contar con visado válido cuando sea obligatorio por razón de la nacionalidad, salvo que la persona disponga de una autorización de residencia válida o de un visado de larga duración válido.
• No justificar el objeto y las condiciones de la estancia, por ejemplo, mediante reserva de alojamiento, carta de invitación, billete de vuelta, matrícula, invitación profesional, programa de viaje o documentación equivalente.
• No acreditar medios económicos suficientes para el tiempo de estancia previsto y para el regreso al país de procedencia o el tránsito hacia otro Estado.
• No presentar los certificados sanitarios exigibles en los casos legalmente previstos.
• Estar afectado por una prohibición de entrada, por ejemplo, por una expulsión anterior vigente o por otra causa legalmente establecida.
• Representar una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de España o de otro Estado del espacio Schengen.

Irregularidades observadas en la inspección

La entrada también puede ser denegada aunque la persona presente documentos que, en apariencia, parecen suficientes, si durante la inspección se detectan indicios que generan dudas fundadas sobre su validez o sobre la finalidad real del viaje.

Este supuesto puede darse, por ejemplo, cuando existen indicios de falsificación o alteración en el pasaporte, visado, reservas, cartas de invitación, justificantes económicos o documentos relativos al alojamiento.

También puede apreciarse una irregularidad si los sellos de entrada y salida permiten deducir que la persona ya ha superado el tiempo máximo de estancia autorizado en España o en otro Estado del espacio Schengen.

Del mismo modo, pueden valorarse las contradicciones en la entrevista fronteriza, la falta de coherencia entre el motivo declarado y la documentación aportada, las dudas sobre el punto de destino, la inexistencia de vínculos razonables con el itinerario indicado o la sospecha de que la estancia declarada encubre otra finalidad distinta.

En estos casos, la denegación se fundamenta en la existencia de elementos objetivos de sospecha que llevan a la autoridad a considerar que no se cumplen realmente las condiciones de entrada.

¿En qué casos excepcionales se puede permitir la entrada?

De forma excepcional, puede autorizarse la entrada aunque no se cumpla alguno de los requisitos ordinarios cuando concurran razones que justifiquen una admisión singular.

Entre estos supuestos pueden encontrarse las razones humanitarias, el interés público o el cumplimiento de compromisos asumidos por España. También puede valorarse la situación de una persona que necesite protección internacional o que alegue un riesgo grave en caso de retorno a su país de origen.

Así mismo, la normativa permite determinadas excepciones cuando la persona sea titular de una autorización de residencia válida o de un visado de larga duración válido, o cuando resulte posible expedir en frontera un visado en los casos legalmente previstos.

Estas excepciones no operan de forma automática. La persona afectada debe ponerlas de manifiesto cuanto antes y aportar, en la medida de lo posible, la documentación que permita justificar la concurrencia de la circunstancia excepcional invocada.

¿Qué garantías se deben respetar en el procedimiento?

La denegación de entrada debe acordarse mediante resolución motivada y notificada por escrito a la persona interesada, y garantizando en todo momento los derechos del afectado, para lo cual se deberán cumplir las siguientes garantías:

• La resolución debe indicar la causa concreta por la que se impide la entrada y el efecto que produce, que será el regreso al punto de origen o la continuación del viaje hacia un tercer Estado en el que la persona sea admitida.
• Además, la persona afectada debe ser informada de los recursos que puede interponer, del plazo para hacerlo y del órgano ante el que deben formalizarse.
• Desde el momento en que se efectúa el control en el puesto fronterizo, la persona tiene derecho a asistencia letrada, que podrá ser de oficio si el interesado no designa a un abogado propio. También tiene derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita cuando carezca de recursos económicos suficientes y cumpla los requisitos establecidos legalmente.
• Si no comprende o no habla la lengua utilizada por las autoridades, tiene derecho a que le asista un intérprete. Esta asistencia también será gratuita si carece de medios económicos suficientes.
• Mientras no se haga efectivo el retorno, la persona puede permanecer en las instalaciones habilitadas al efecto en el puesto fronterizo, conocidas habitualmente como sala de inadmitidos. Durante ese tiempo debe poder comunicarse con sus familiares, con su abogado y con el consulado o embajada de su país, además de recibir asistencia médica cuando sea necesario.
• Si la permanencia se prolonga más allá de 72 horas, deberá intervenir la autoridad judicial para decidir, en su caso, el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros. Dicho centro no tiene naturaleza penitenciaria y la limitación afecta esencialmente a la libertad ambulatoria.

¿Se puede recurrir la decisión?

La resolución de denegación de entrada puede ser recurrida en vía administrativa, mediante recurso de alzada, y, posteriormente, en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con las reglas generales aplicables.

No obstante, la interposición del recurso no tiene efecto suspensivo automático. Esto significa que el retorno puede ejecutarse aunque el recurso se haya presentado, salvo que se obtenga una medida cautelar que suspenda la ejecución de la resolución.

Por esta razón, cuando existan motivos para impugnar la denegación, la actuación debe ser inmediata. Puede resultar necesario aportar documentación adicional, denunciar defectos en la resolución, acreditar la finalidad real del viaje, invocar razones humanitarias o solicitar medidas cautelares urgentes para evitar que el retorno se ejecute antes de que pueda revisarse la decisión.

¿En qué plazo se hace efectiva la decisión de retorno?

La persona a la que se le deniega la entrada debe permanecer en las instalaciones habilitadas en el puesto fronterizo hasta que se ejecute el retorno al lugar de procedencia o continúe viaje hacia otro país donde sea admitida.

El plazo máximo ordinario para hacer efectiva esta situación es de 72 horas desde la denegación de entrada. Durante ese periodo, la compañía transportista que trasladó a la persona hasta la frontera puede quedar obligada a hacerse cargo de su retorno, conforme a la normativa aplicable.

Si por cualquier circunstancia el retorno no puede ejecutarse dentro de ese plazo, deberá acordarse la medida que corresponda con intervención judicial, especialmente si se plantea el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros.

¿Qué se puede hacer ante una denegación de entrada en España?

Ante una denegación de entrada, la actuación debe centrarse en proteger los derechos de la persona afectada y en rebatir, cuando proceda, los motivos invocados por la autoridad fronteriza.

En primer lugar, debe solicitarse asistencia letrada desde el inicio de la actuación. El abogado podrá revisar la resolución, comprobar si se ha motivado correctamente, verificar si se han respetado las garantías procedimentales y valorar si existen motivos para recurrir o solicitar medidas urgentes.

Si la persona no comprende el idioma, debe pedir intérprete y evitar firmar documentos cuyo contenido no entienda. La firma de la resolución o del formulario de denegación no equivale necesariamente a conformidad, pero es esencial conocer qué se está firmando y qué hechos se están haciendo constar.

También resulta conveniente aportar de forma inmediata cualquier documento que pueda reforzar la finalidad del viaje. Por ejemplo, billete de vuelta, reserva de alojamiento, carta de invitación, documentación económica, justificantes profesionales, admisión en estudios, seguro médico, programa de viaje o cualquier otro documento coherente con la estancia prevista.

Cuando concurran circunstancias excepcionales, deben comunicarse cuanto antes. Esto es especialmente relevante si la persona desea solicitar protección internacional, si existen razones humanitarias o si el retorno puede generar una situación de riesgo.

El abogado podrá valorar la presentación de recurso y, si existen fundamentos suficientes, la solicitud de medidas cautelares para intentar suspender el retorno. También podrá actuar si la retención supera los límites legales o si se vulneran derechos esenciales durante la permanencia en las instalaciones fronterizas.