Recurso de alzada

El recurso de alzada es el medio de impugnación de los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa. Este tipo de actos son los dictados por un órgano que se somete a un superior jerárquico. Por tanto, mediante el recurso de alzada podremos instar al órgano superior a modificar el sentido de la resolución dictada por su subordinado.

Recurso de alzada

El recurso de alzada sirve para impugnar los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa.

Los recursos administrativos se regulan en la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De modo que antes de iniciar cualquier impugnación deberíamos conocer la regulación de los mismos y contratar los servicios de un abogado especialista en Derecho Administrativo.

Qué es el recurso de alzada

El recurso de alzada es un recurso administrativo. Esto significa que se interpone y gestiona ante órganos administrativos y no judiciales. Por tanto, para interponerlo y tramitarlo no es necesaria la intervención de abogado y procurador.

Sin embargo, la asistencia de de un letrado con experiencia en la materia es más que recomendable, ya que los recursos administrativos se someten a diversas formalidades. Si dejamos transcurrir el plazo para interponerlos, no documentamos adecuadamente nuestras pretensiones u olvidamos invocar determinadas normas aplicables, podríamos ver frustrado nuestro recurso pese a que en principio hubiera motivos para anular o modificar el acto impugnado.

La característica principal del recurso de alzada es que lo resuelve el superior jerárquico de quien dictó el acto que estamos impugnando. Por tanto, este recurso solo puede interponerse frente a resoluciones que no agoten la vía administrativa.

Impugnación de actos administrativos mediante el recurso de alzada

Se considera que ponen fin a la vía administrativa:

  • Resoluciones de recursos de alzada o de procedimientos alternativos.
  • También las de órganos administrativos sin superior jerárquico.
  • Acuerdos, pactos convenios y contratos que finaliza el procedimiento.
  • Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial o complementarios en materia sancionadora.
  • Actos de los miembros y órganos del Gobierno, así como los emanados de Ministros y Secretarios de Estado en sus ámbitos competenciales, o de los máximos órganos de dirección de los organismos públicos y entidades de derecho público.

Siempre que el acto que queramos recurrir no se encuentre en alguna de estas categorías podremos impugnarlo por medio del recurso de alzada. Para ello debemos presentar una solicitud que incluya:

  • Nuestra identificación.
  • La identificación del acto y la razón de su impugnación.
  • El lugar, la fecha y nuestra firma, así como el lugar designado a efectos de notificaciones.
  • La unidad administrativa, órgano o centro al que nos dirigimos, acompañada de su código de identificación.

Hay que tener en cuenta que, en general, la interposición de un recurso de alzada no suspende la ejecución del acto impugnado. Si quisiéramos solicitar tal suspensión tendríamos que acreditar que la ejecución:

  • Puede causar daños de imposible o difícil reparación.
  • O que la impugnación se fundamenta en causas de nulidad de pleno derecho.

Presentación del recurso de alzada

Si el acto que queremos impugnar es susceptible de recurso de alzada podremos presentar nuestra solicitud ante el órgano que lo dictó o el competente para resolverlo. Disponemos para ello:

  • Del plazo de un mes cuando impugnemos actos expresos.
  • En caso de que impugnemos un acto finalizado por silencio administrativo podremos interponerlo en cualquier momento a partir del día en que se produzcan los efectos del silencio.

El silencio administrativo se da cuando la administración no resuelve un procedimiento en el plazo legalmente establecido. A fin de que la inactividad de la Administración no perjudique al interesado se produce la estimación o desestimación presunta de su solicitud, dependiendo de los casos.

La utilidad del silencio administrativo radica en que permitirá al interesado ejercitar o adquirir sus derechos o facultades, o bien le permitirá acudirá al correspondiente recurso administrativo o contencioso-administrativo para reclamar la protección de sus derechos e intereses.

En definitiva, en estas situaciones el recurso de alzada puede presentarse en cualquier momento desde los efectos del silencio. Al establecerse un plazo indeterminado se garantiza que los derechos del interesado no queden perjudicados por la inacción administrativa. Además, se evita imponer la carga de cumplir un plazo prescriptivo de actuación cuando la Administración no ha respetado los propios.

Resolución del recurso de alzada

Tras instruir el expediente correspondiente, el superior jerárquico al órgano que dictó el acto impugnado deberá emitir resolución y notificarla en un plazo máximo de 3 meses. En caso de no hacerlo:

  • Cuando el acto impugnado hubiera sido resuelto expresamente, el silencio del recurso de alzada será desestimatorio.
  • Pero cuando el acto impugnado hubiera concluido por silencio administrativo, el silencio del recurso de alzada será estimatorio, siempre que no verse:
    • Sobre transmisión de facultades relativas al dominio o servicio público.
    • O los relativos a actividades que puedan perjudicar al medio ambiente.
    • Por último, aquello recaídos en procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Cuando nuestro recurso sea estimado podremos entender anulado o modificado el acto impugnado en el sentido que hayamos solicitado. La resolución determinará los efectos concretos del recurso de alzada.

En caso de que se desestime nuestro recurso habremos agotado la vía administrativa. Por tanto estaremos habilitados para proseguir nuestras reclamaciones en vía judicial.

El recurso extraordinario de revisión

En determinadas circunstancias todavía tendremos acceso a otro recurso administrativo contra la resolución del recurso de alzada. Se trata del recurso extraordinario de revisión, que procede cuando en la resolución impugnada:

  • Se incurrió en error de hecho.
  • Concurrió prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otros delitos.
  • Se tomaron en consideración documentos o testimonios que posteriormente se declaren falsos por sentencia judicial firme.
  • O cuando aparecieran con posterioridad documentos de valor esencial que evidencian el error de la resolución.

En estos casos dispondremos de un plazo de entre 3 meses y 4 años para interponer el recurso en vía administrativa. El órgano competente deberá dictar y notificar su resolución en plazo de 3 meses. En caso contrario, el silencio tendrá carácter desestimatorio, quedando abierta la vía judicial.