Derecho comparado

El derecho comparado es una metodología o disciplina para el estudio y la enseñanza del derecho. Se basa en la comparación de las diversas respuestas o soluciones que ofrecen las leyes existentes para un mismo caso. No se considera una rama del derecho, sino más bien una técnica de análisis jurídico.

El objetivo principal del derecho comparado es profundizar en el conocimiento del ordenamiento jurídico propio a través del contraste con otros ordenamientos. Esto puede implicar comparar instituciones o figuras de distintos sistemas jurídicos, para enriquecer la comprensión de las propias normas legales.

Esta metodología se centra en el estudio del derecho extranjero y su aplicación en sistemas jurídicos diversos, pero no toma en consideración la dimensión diacrónica (evolución histórica) ni la dimensión vertical (relaciones con sistemas jurídicos internacionales) del derecho.

Razón de ser del derecho comparado

El derecho comparado surgió en función de cuatro motivos fundamentales. En primer lugar, el crecimiento exponencial del comercio internacional en las últimas décadas ha generado una creciente interacción entre países de diversas culturas y lenguajes.

Cada país tiene sus propias leyes y regulaciones en temas como aranceles, impuestos y permisos comerciales. Aquí es donde el derecho comparado desempeña un papel crucial.

El segundo motivo se relaciona con la naturaleza transnacional de eventos cada vez más significativos, como la contaminación, las empresas transnacionales y las comunicaciones. El tercer motivo tiene que ver con la creciente importancia de los valores, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, que trascienden las fronteras nacionales.

Finalmente, el cuarto motivo se relaciona con la tendencia a crear organizaciones políticas y económicas multinacionales, como la Unión Europea, que involucran a numerosos países con marcos legales diversos.

Objetivos y usos prácticos

El derecho comparado tiene varios objetivos y fines que incluyen los siguientes:

  • Unificación del Derecho. Se aplica especialmente a asuntos comerciales y de comercio internacional. El propósito es armonizar y unificar las normativas legales.
  • Entendimiento internacional. Es fundamental para aplicar convenciones internacionales.
  • Mejor conocimiento del derecho nacional. Favorece el estudio detallado de las fortalezas y debilidades de las leyes nacionales a través de la comparación.

El derecho comparado tiene aplicaciones prácticas que resuelven situaciones específicas, como las siguientes:

  1. Precedentes jurídicos. Ayuda a establecer precedentes legales cuando no hay regulaciones específicas para un caso.
  2. Gobiernos federados. En países con múltiples estados o regiones, el derecho comparado se utiliza para interpretar y aplicar leyes locales.
  3. Resolución de conflictos internacionales. Se emplea para resolver conflictos legales entre ciudadanos o habitantes de diferentes naciones.
  4. Adopción de nuevas normativas. Permite evaluar si una nueva norma puede ser adoptada por una nación a través de la comparación con otros sistemas legales.
  5. Acuerdos internacionales. Se utiliza para llegar a acuerdos entre países con sistemas legales distintos y específicos, como el Espacio Schengen en Europa.

Etapas del Derecho Comparado

El derecho comparado sigue un proceso estructurado que consta de varias etapas fundamentales. Son las siguientes:

  • Selección del sistema jurídico. El primer paso consiste en seleccionar el marco legal que se comparará. Las leyes se han agrupado en familias legales principales, como el derecho romano-germánico, derecho asiático, derecho africano, common law y derecho musulmán.
  • Sujeto y/o materia a comparar. Consiste en definir los temas o materias específicas que se compararon. Estos temas constituyen el núcleo de la comparación y se utilizan para encontrar soluciones a problemas legales concretos.
  • Delimitar la comparación. En esta etapa se establecen los objetivos de la comparación de manera clara y precisa.
  • Establecer diferencias y similitudes. Se identifican las diferencias y similitudes clave entre los sistemas jurídicos comparados.
  • Determinar la factibilidad. Finalmente, deben determinarse los parámetros para llevar a cabo la aplicación práctica. Esto incluye definir factores medibles que demuestran los resultados en situaciones específicas.

Los desafíos del derecho comparado

Uno de los principales desafíos radica en las diferencias sustanciales que pueden existir entre las bases jurídicas que se comparan. En ocasiones, carecen de características comunes, lo que dificulta la capacidad del jurista para establecer comparaciones significativas.

Así mismo, a veces, uno de los sistemas jurídicos puede carecer por completo de un marco legal para el tema en cuestión. Cuando esto sucede, el jurista debe recopilar elementos legales, como leyes, decretos, órdenes o jurisprudencia, de otros lugares para llevar a cabo la comparación con las leyes que sí están en vigor.

El derecho comparado suele enfocarse en dos áreas principales: el derecho constitucional y la jurisprudencia. En cuanto al derecho constitucional, es fundamental comprender la naturaleza de las sentencias que se utilizarán para la comparación.

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 2005-2007

El derecho comparado desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones judiciales, particularmente en áreas como el Derecho civil, penal y constitucional. En este contexto, dos sentencias específicas se destacan en la disciplina del Derecho Privado. Son las siguientes:

Sentencia del Tribunal Constitucional 341/2005

En esta sentencia, emitida el 21 de diciembre de 2005, se debatió si permitir figuras fiduciarias bajo la denominación de “fundaciones” afectaría la integridad de esta institución y su distinción de los negocios fiduciarios.

Las referencias al Derecho comparado en este caso se utilizaron en un contexto negativo, argumentando que incorporar figuras como el “trust” o la “fiducia patrimonial” bajo el concepto de “fundación” no era compatible con la Constitución y que el sistema legal español no otorgaba la misma autonomía de voluntad que otros sistemas extranjeros.

Sentencia del Tribunal Constitucional 352/2006

En esta sentencia, del 14 de diciembre de 2006, se abordó el tema de la configuración del arbitraje para establecer si el régimen jurídico estaba en línea con el principio que requiere la renuncia explícita de las partes a la jurisdicción.

El abogado del Estado basó su argumento en el Derecho comparado para respaldar la idea de que el silencio podría interpretarse como una manifestación de voluntad, si se establecía previamente y de manera específica. Sin embargo, el Tribunal Constitucional concluyó que el precepto en cuestión no era inconstitucional.

En la mayoría de las sentencias, las referencias al Derecho comparado son escasas. En ocasiones, se utilizan para respaldar argumentos, pero rara vez influyen en la decisión final. Algunas menciones más sustanciales se encuentran en votos particulares emitidos por magistrados.

Aunque el Tribunal Constitucional ha utilizado el Derecho comparado de manera limitada en sus sentencias, esta tendencia podría cambiar en el futuro debido a la influencia de la europeización del Derecho constitucional y la progresiva importancia de los instrumentos jurídicos supranacionales en la jurisprudencia.