Ejecución de sentencia

La ejecución de sentencia se refiere a la fase del proceso legal en la que se lleva a cabo la aplicación práctica de una sentencia judicial. Después de que un tribunal emite una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, la ejecución de esa sentencia implica poner en práctica las decisiones contenidas en la misma. Esta fase es muy importante para garantizar que las partes involucradas cumplan con lo establecido por el tribunal.

Algunas de las acciones comunes asociadas con la ejecución de sentencia son:

  1. Cumplimiento de penas o sanciones: Si la sentencia impone penas, multas o sanciones, la ejecución implica garantizar que estas se cumplan. Por ejemplo, en casos penales puede implicar la emisión de una orden de arresto, la detención del condenado, el inicio de un período de libertad condicional o el pago de multas.
  2. Ejecución de medidas civiles: En casos civiles, la ejecución puede incluir la aplicación de decisiones relacionadas con contratos, indemnizaciones, desalojos u otras cuestiones civiles. Por ejemplo, la ejecución puede implicar el embargo de bienes para satisfacer una deuda o compensar a una parte perjudicada según lo ordenado por la sentencia. También la restitución de bienes o derechos a una parte perjudicada.

Los tribunales y las autoridades encargadas de la ejecución tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones judiciales se lleven a cabo de manera efectiva y justa.

¿Qué es la ejecución de sentencia en Chile?

En Chile, la ejecución de sentencia se refiere al «conjunto de acciones y procedimientos llevados a cabo para poner en práctica las decisiones contenidas en una sentencia judicial». Este proceso tiene como objetivo asegurar que las partes involucradas cumplan con lo establecido por el tribunal y que se haga efectiva la resolución judicial, ya sea en el ámbito penal, civil o administrativo.

El artículo 231 del Código de Procedimiento Civil (CPC) señala que la ejecución de las resoluciones judiciales le corresponde al Tribunal que las dictó, en primera o única instancia y que «se procederá a ella una vez que las resoluciones queden ejecutoriadas o causen ejecutoria en conformidad a la ley».

De igual forma, en caso de recursos de apelación, casación o revisión, los tribunales que revisan esos casos también tienen la responsabilidad de ejecutar las decisiones que tomen.

Dependiendo de la naturaleza del caso, la ejecución puede implicar diversas acciones específicas para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Por ejemplo, en el ámbito penal, si la sentencia impone penas como prisión, libertad condicional o multas, la ejecución implica llevar a cabo las medidas correspondientes para asegurar el cumplimiento de estas penas.

En tanto, en casos civiles, la ejecución puede implicar la realización de acciones específicas para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales en temas como contratos, indemnizaciones, desalojos, entre otros.

La ejecución de sentencias civiles

El artículo 235 del CPC establece cómo se ejecutan las sentencias judiciales de procedimientos civiles (después de que no haya oposición o ésta se ha desestimado). Algunas de estas reglas son:

  • Si la sentencia ordena entregar algo específico (ya sea un objeto mueble o inmueble), se hará la entrega, incluso utilizando la fuerza pública si es necesario.
  • Si el objeto mueble específico no se encuentra, se tasará según las reglas establecidas en el Título XII del Libro IV.
  • Si la sentencia ordena el pago de una suma de dinero, se realizará el pago al acreedor con los fondos disponibles, después de liquidar el crédito y costos. Si no hay fondos suficientes, se embargarán y venderán bienes de la parte perdedora, siguiendo el procedimiento de apremio, sin necesidad de requerimiento previo.
  • Si la sentencia obliga a pagar una cantidad de un género determinado, se seguirán las mismas reglas, pero se evaluará previamente por un perito según el Título XII del Libro IV si es necesario.