El término "ius puniendi" proviene del latín y se traduce como "derecho de castigar" o "derecho a sancionar". Es una expresión legal que hace referencia a la facultad y autoridad que posee el Estado para imponer castigos o sanciones.
Este poder de sancionar está reservado únicamente para el Estado, porque es la única entidad con la competencia para determinar la comisión de un delito y decidir sobre la imposición de penas.
Sistemas represivos del Estado
El ius puniendi es parte esencial de la soberanía estatal y constituye un componente fundamental de la estructura legal en cualquier país. Este principio habilita al Estado a preservar la paz pública, salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y velar por el cumplimiento de las leyes.
Dicha potestad se materializa a través de dos sistemas represivos distintos que tiene el Estado: el derecho penal y el derecho administrativo.
Ius puniendi en Derecho penal
La primera herramienta del ius puniendi es el derecho penal. Este es el sistema encargado de abordar las infracciones más graves y está a cargo de los jueces y tribunales. Cuando se comete un delito, es responsabilidad de estos órganos judiciales determinar si alguien es culpable o no, y si lo es, imponer una pena acorde a la gravedad del delito.
En México este concepto legal se materializa a través del Código Penal Federal y los distintos Códigos Penales de cada entidad federativa. Estos códigos establecen qué acciones son delitos y las sanciones que implican. También está el Ministerio Público, que investiga los delitos y presenta los cargos. Del mismo modo se tiene acceso a juicios, derechos de los acusados y recursos de apelación que complementan esta parte del ius puniendi en el sistema legal mexicano.
Ius puniendi en Derecho administrativo
Por otra parte, el ámbito del derecho administrativo se presenta en casos en los que se han infringido normativas administrativas que no están relacionadas con delitos penales.
En estas circunstancias, las diferentes instancias gubernamentales asumen la responsabilidad de aplicar sanciones que pueden comprender multas, revocación de licencias u otras medidas punitivas. Este proceso se enfoca en garantizar el cumplimiento de las regulaciones administrativas y no implica un juicio penal completo.
El derecho administrativo sancionador en México se concreta mediante leyes, regulaciones y procedimientos que permiten a las autoridades imponer sanciones por infracciones específicas.
Por ejemplo, está la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece pautas para actos administrativos y sanciones. Además, instituciones, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y varias procuradurías y fiscalías federales y estatales, resuelven y sancionan disputas administrativas.
Garantías
Otra parte importante del ius puniendi es que debe aplicarse respetando los principios fundamentales del Estado de Derecho. Estos son el acatamiento de las normas legales, la separación de poderes, la salvaguardia de los derechos y libertades fundamentales, y la legalidad en la actuación administrativa.
Esto significa que las leyes e instituciones deben sancionar de forma proporcional al delito, los acusados tienen derecho a un juicio justo y a que se respeten sus derechos fundamentales en todo momento. Dichas garantías se encuentran escritas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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