La distinción entre humano y ciudadano (hombre y ciudadano) es bastante antigua podemos pensar en ella desde los griegos donde se establecía, que había ciudadanos que eran hombres con pleno goce de sus derechos y los demás que serían los esclavos y los extranjeros, quienes no gozaban de los mismos derechos.
La ciudadanía otorga al ciudadano una serie de derechos políticos para participar en los asuntos del Estado como por ejemplo el derecho de voto.
En México, tienen este estatus de plenitud de derechos según el artículo 34 constitucional quienes han cumplido 18 años y tienen un modo honesto de vivir. Aunque algo vago el segundo, podríamos decir que son ciudadanos quienes no son delincuentes.
Los ciudadanos mexicanos tienen diversos derechos, a saber: votar y ser votado, el derecho de asociación en materia política, ser parte de las fuerzas armadas, ejercer el derecho de petición, poder ser nombrado como servidor público, presentar iniciativas de Ley (cumpliendo con los requisitos), votar en consultas populares, participar en procesos de revocación de mandato.
Las obligaciones de un ciudadano mexicano, conforme al artículo 36 constitucional son:
- Formar parte del registro nacional de ciudadanos (probablemente se trate de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral).
- Hacer el servicio militar, es decir, recibir entrenamiento para formar parte de los cuerpos de reserva del ejército.
- Votar en elecciones, consultas y procesos de revocación de mandato.
- Desempeñar los cargos públicos para los que sea electo y los cargos municipales para los que sea designado.
La ciudadanía se puede perder. Los mexicanos por nacimiento no pueden perder su nacionalidad, pero sí su ciudadanía, lo que constituiría estar en un estado reducido de derechos.
De acuerdo al artículo 37 constitucional, los motivos para perder la ciudadanía son: usar o aceptar títulos de nobleza dados por otros países; ser funcionario o servidor público de un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal; aceptar medallas y otros premios por gobiernos extranjeros sin permiso del Gobierno de México; ayudar, en perjuicio del país, a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional.
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