La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) regula las prestaciones de servicios por Internet. Se aplica a las actividades de comunicación y comerciales online, y determina las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de este tipo de servicios.
La expansión de las actividades económicas vía internet ha hecho necesario este marco normativo para ofrecer confianza y seguridad a los usuarios. Esa es la función de la Ley, que fija reglas claras para la compraventa de productos y servicios por medios electrónicos.
¿Cuál es el objeto de esta ley?
En la exposición de motivos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico se establece que su objeto es integrar la normativa dispuesta por el Parlamento Europeo al sistema jurídico español.
La norma se aplica a los prestadores de servicios establecidos en España y a quienes, sin ser residentes en España, prestan servicios en establecimientos situados en este país.
¿Qué tipo de actividades regula la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico?
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico tiene un amplio espectro de aplicaciones.
La ley regula a quienes realizan intermediación en internet: transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la red. Se incluye la contratación de servicios de internet y de otros vinculados con la red. Tal es el caso de los proveedores de servicios de alojamiento en la nube, y de búsqueda y descarga de archivos.
- La compraventa en la red, o sea, el e-commerce en general.
- La recepción y envío de comunicaciones comerciales y contratación por vía electrónica.
- La distribución de contenidos, vídeos y documentos.
- Todo tipo de intercambios comerciales que se realicen telemáticamente.
El requisito que establece la ley es que estos intercambios sean de carácter comercial, es decir, que supongan una actividad económica para quien los explota.
Una actividad económica es aquella por la cual quien la realiza obtiene dinero, ya sea directamente o en forma indirecta, por ejemplo a través de publicidad contratada.
Obligaciones y derechos de los prestadores de los servicios de la sociedad de la información
La intención de la LSSICE es garantizar una buena experiencia de usuario sin fraudes ni delitos. Para ello, detalla las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes.
Obligaciones de los prestadores de servicios
El concepto de prestador incluye tres grupos de servicios:
- Empresas que ofrecen conexión de Internet.
- Prestadores de servicios de alojamiento de datos.
- Buscadores y proveedores de enlaces.
Dejando a un lado los aspectos técnicos, que no entran en la órbita de la ley, los prestadores tienen obligaciones de orden ético. Deben colaborar con órganos públicos e informar a sus clientes sobre la forma de optimizar la seguridad de la información. La ley establece que estos prestadores no son responsables de los contenidos que transmiten o alojan.
Es requisito fundamental que los prestadores de servicios estén inscritos en el registro público, hecho que formaliza el servicio ante la Administración Pública. Este registro es importante para garantizar los intereses de los destinatarios de los servicios.
Obligaciones de los ciudadanos y empresas usuarios de los servicios
La Ley obliga a los particulares o empresas que disponen de un sitio web a mostrar claramente sus datos de información general.
¿Cuáles son estos datos?
- Nombre o razón social.
- Domicilio.
- E-mail y cualquier otro dato que facilite la comunicación.
- Número de identificación fiscal.
- Si se trata de una persona que trabaja en una profesión regulada, deberá indicar los datos del Colegio al que pertenezca y el número de colegiado.
Sistema de control, infracciones y sanciones
La ley establece tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. De acuerdo a la infracción, se establece una escala de sanciones. Se trata de multas que oscilan entre los 30.000 euros las leves hasta 600.000 euros las muy graves.
Además de las multas, se prevén una serie de medidas que pueden llegar hasta la suspensión de la actividad del prestador con cierre de sus establecimientos.
Cualquier agente comercial que utilice Internet debe tener muy presentes las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley. Y los destinatarios de esas actividades también deben conocerlas para evitar ser estafados.