Sanción administrativa

Una sanción administrativa es una medida que impone una Administración Pública a un ciudadano por haber cometido una infracción administrativa o haber dejado de cumplir con una obligación jurídica.

Para que se considere que ha habido incumplimiento de una obligación jurídica, esta debe estar recogida en una norma jurídica administrativa. Por tanto, la sanción que se reciba por no cumplirla pretender cumplir con el principio de legalidad.

Incumplir las normas de la ley de tráfico, por ejemplo, circular a una velocidad mayor de la permitida en una vía, estacionar en lugares prohibidos, no respetar la luz roja en un semáforo, constituyen infracciones de tráfico, infracciones administrativas, que conllevan a multa.

Marco jurídico para la imposición de sanciones administrativas

La imposición de sanciones administrativas se basa en la Ley 40/2015, del 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). No existe una ley específica que regule el procedimiento administrativo sancionador.

La Constitución española establece en su artículo 25 que para que pueda hablarse de infracción administrativa la acción que se haya cometido o la obligación que se haya incumplido, debe estar regulada en su correspondiente norma con rango de ley.

Igualmente, el artículo 9 de la Constitución española se refiere a que debe respetarse el principio de legalidad, y de la jerarquía de las normas, a que las normas deben ser debidamente publicitadas, a que no puede haber retroactividad en la imposición de normas, y otros principios que deben ser tomados en cuenta en todo proceso legal. Por ello, también cuando se está frente a la imposición de una sanción administrativa.

Dentro del derecho administrativo existe la facultad de prever e imponer sanciones por la Administración Pública frente a faltas administrativas. Esta rama, junto al derecho penal, son las dos áreas del derecho que tienen esa potestad sancionatoria.

De esta forma, la Administración Pública está facultada para controlar y castigar a través de sanciones las acciones ilícitas de personas físicas o jurídicas. Así lo establece el artículo 103 de la Constitución española.

Características de una sanción administrativa

Una sanción administrativa tiene como finalidad prevenir comportamientos que perjudiquen a terceros o lleven a un mal ajeno. Para que pueda establecerse una sanción administrativa, debe ser posible considerar responsable al sujeto al que se le impondrá de la falta o incumplimiento. Es indiferente que este se haya cometido con dolo o accidentalmente.

Pueden recaer las sanciones tanto en una persona física como en una persona jurídica. Generalmente se trata de multas, por lo que además de funcionar como castigo cumplen también una función retributiva. En algunas ocasiones, una sanción administrativa puede también conllevar a la privación de bienes o derechos, pero nunca a la privación de libertad.

[...]

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 25.3 de la Constitución Española

Las faltas administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves. En función de esto las sanciones administrativas deben ser proporcionales. Para que sean proporcionales se considerará:

• El nivel de gravedad de la falta.
• Si quien la comete lo hace por primera vez o es reincidente.
• Con qué intencionalidad se ha cometido la falta.
• Los daños que la falta haya causado.

Las sanciones administrativas tienen un plazo de prescripción. Según el caso, la multa que se establezca como sanción administrativa puede ir acompañada de un importe que también deba pagarse por concepto de indemnización por daños o perjuicios que el incumplimiento de la norma jurídica administrativa haya podido acarrear.

Principios de la potestad sancionadora

La potestad sancionadora de la Administración Pública cumple con los mismos principios de la potestad sancionadora del derecho penal. Estos son:

• Tipicidad: la falta o incumplimiento que se sanciona debe estar específicamente mencionada en una norma jurídica administrativa.
• Irretroactividad: deberá aplicarse la normativa vigente en el momento en que se dé la falta, nunca podrá aplicarse una norma que estuvo vigente en otro momento.
• Proporcionalidad: se tomará en cuenta los daños que pueda haber causado el incumplimiento y si la persona es reincidente, entre otros aspectos, para imponer una sanción que sea proporcional a la falta.
• Presunción de inocencia: debe respetarse el derecho del administrado a demostrar su inocencia.
• Prescripción: la sanción administrativa tiene un tiempo de prescripción que generalmente se relaciona con la gravedad de la falta.
• Principio de culpabilidad: este principio establece que la pena impuesta no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad del imputado.
• Principio de supremacía del orden penal: las autoridades administrativas no podrán sancionar hechos que el tribunal penal considere inexistentes o no haya probado.
• Principio de non bis in ídem: establece que el mismo hecho no podrá ser sancionado al mismo tiempo por vía administrativa y por vía penal.
• Principio de personalidad: queda establecido que la jurisdicción penal se establecerá de acuerdo a la nacionalidad del administrado.

Diferencias entre sanción y pena

Una sanción administrativa deriva del incumplimiento de una norma o de haber cometido una infracción administrativa y representa un castigo pecuniario, es decir una multa.

La sanción administrativa nunca puede conducir a la privación de libertad. Lo que puede llevar a la privación de libertad sería una pena que se origina como consecuencia de haber cometido un delito tipificado en el Código Penal.

¿Cómo se impone una sanción administrativa?

Las sanciones administrativas se imponen mediante una resolución administrativa. El administrado objeto de la sanción debe ser notificado de los hechos que se le imputan, debe ser informado sobre cuál es la infracción que ha cometido y cuáles son las sanciones que pueden aplicar en ese caso.

Debe garantizarse la posibilidad de que el imputado presente las alegaciones que considere convenientes en su caso.

¿Son inapelables las sanciones administrativas?

En caso de que la persona sancionada considere que la sanción administrativa se le ha impuesto injustamente, o no esté de acuerdo con la gradación que se le haya dado a la falta cometida y por ello a la sanción, este podrá interponer el recurso o recursos correspondientes.

En primer lugar, deberán agotarse las instancias administrativas. Si por esta vía el ciudadano no consigue sus pretensiones de revisión, entonces deberá recurrir a la vía judicial para recurrir la sanción administrativa mediante un recurso contencioso administrativo.