Competencia desleal

La competencia desleal se refiere a prácticas comerciales que infrinjan las normas legales y éticas establecidas en el ámbito empresarial, con el objetivo de obtener una ventaja competitiva injusta a expensas de otros competidores o dañar su posición en el mercado.

Estas prácticas desleales pueden abarcar una amplia gama de actividades que van desde publicidad engañosa, prácticas de precios predatorios, hasta violación de secretos comerciales, y otros comportamientos no éticos en el ámbito empresarial.

La competencia desleal puede ser objeto de demandas legales, y las empresas o empresarios que se consideran víctimas de estas prácticas pueden presentar demandas por daños y perjuicios, buscar la emisión de órdenes de restricción o incluso la retirada de productos o servicios que se consideren en violación de las leyes de competencia desleal.

Competencia desleal en Chile

La competencia desleal en Chile está regulada por la Ley 20.169 sobre la Competencia Desleal (dictada el 16 de febrero de 2007). Esta ley tiene como objetivo proteger la leal y honesta competencia en el mercado y sancionar prácticas que distorsionen la competencia y perjudiquen a competidores y consumidores.

El artículo 3 de la Ley 20.169 define competencia desleal como «toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado».

Actos de competencia desleal

Entre otros, el artículo 4 de la Ley 20169 considera actos de competencia desleal los siguientes:

  • Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.
  • El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio (…), y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.
  • Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades (…), de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva.
  • Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tenga relación directa con la calidad del bien o servicio prestado.
  • Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor.

Acciones y sanciones por competencia desleal

En Chile, el artículo 5 de la Ley 20169 señala que contra los actos de competencia desleal pueden ejercerse judicialmente, conjunta o separadamente, las siguientes acciones:

  • Acción de cesación o prohibición del acto si aún no se ha puesto en práctica.
  • Acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el mismo subsiste.
  • Acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo.
  • Acción de indemnización de los perjuicios ocasionados por el acto, sujeta a las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil.

En cuanto a las sanciones, si la justicia establece mediante sentencia firme que han existido uno o más actos de competencia desleal, le corresponderá al Fiscal Nacional Económico recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, atendidas la gravedad de la infracción o la extensión del perjuicio provocado, solicitar aplicación de la multa correspondiente.

Esta multa fluctúa entre 2 y 1.000 unidades tributarias mensuales, y se aplicará a beneficio del Estado. Para determinar el monto de la multa, se considerarán, entre otras, las siguientes situaciones: el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, la gravedad de la conducta y la calidad de reincidente del infractor.