Concentración parcelaria

La concentración parcelaria es la agrupación de terrenos rústicos que son reordenados y redistribuidos para maximizar la rentabilidad. Una figura que promueve la Administración Pública con el fin de unificar fincas pequeñas, para un mejor aprovechamiento técnico y económico.

De esta forma todos los recursos para su explotación son optimizados y se puede acceder a otras obras de mejoras y servicios.

Objetivo de la concentración parcelaria

El objetivo principal de la concentración parcelaria es maximizar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Esto trae como consecuencia directa un mejor estándar de vida de sus propietarios.

Cuando las fincas rústicas pequeñas se encuentran separadas entre sí, cada una tiene costos para su explotación que suelen ser muy elevados. Los recursos necesarios suelen ser muy similares a los de una finca mayor. Si se crea una estructura mayor, estos costos disminuyen por la redistribución.

Criterios en la constitución de concentraciones parcelarias

La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario manifiesta que se tratará de la constitución de explotaciones de estructuras y dimensiones adecuadas. No cualquier finca puede formar parte de una concentración parcelaria y para su correcto funcionamiento se prevé:

• A cada propietario se le adjudicará un número de fincas de reemplazo con superficie del mismo tipo de cultivo y por un precio igual al que tenía su finca independiente.
• La adjudicación continua de aquellas fincas que hayan sido agrupadas en la concentración parcelaria.
• La supresión de todas las explotaciones que se consideren antieconómicas.
• El emplazamiento de la nueva finca en un lugar que sea el más cómodo para el propietario o para quien la administre.
• El acceso de la nueva finca creada a las vías de comunicación, por lo que se crearán o modificarán caminos.

¿Quién solicita la concentración parcelaria?

La idea de la concentración parcelaria es promovida por la misma Administración Pública. Los motivos frecuentes para esta decisión son:

• Razones de utilidad pública.
• La realización de inversiones.

También es posible que el grupo de propietarios la solicite, siempre que posean las tres cuartas partes de las fincas que se intentan agrupar. En este supuesto, se acompañará la solicitud con los informes que otorgue el Ayuntamiento donde se acredite la veracidad de los datos consignados.

¿Qué sucede si un propietario se niega a la concentración parcelaria?

Una vez que la norma declarativa determina la zona de concentración todos los afectados se ven obligados a su aceptación. No hay posibilidad de que uno de los propietarios se niegue, porque es de carácter obligatorio.

Proceso de concentración parcelaria

Si bien cada Comunidad Autónoma tiene sus propias normas relativas a la concentración parcelaria, a modo general el proceso para su realización es el siguiente.

Solicitud

La Administración Pública o los propietarios presentan la solicitud con el justificativo correspondiente. En esta se detallan los motivos por los cuales se considera necesaria la agrupación de las fincas en una nueva zona de concentración.

Decreto

El Gobierno emite un decreto por el cual se designa a toda la superficie que se desea agrupar de utilidad pública y urgente ejecución. Esto debe realizarse antes de realizar cualquier otro trámite.

Bases provisionales

En esta etapa del proceso de concentración parcelaria se elabora un documento con todos los datos relativos a los propietarios y sus fincas. Se dejará constancia así de las superficies y clases de suelos así como la determinación de su valor.

Una vez elaborado el documento se lo entrega a cada propietario y se abre un periodo de alegaciones. Allí, un propietario puede presentar su alegación verbal o escrita, si no está de acuerdo con los datos de alguna parcela.

Si una parcela no es declarada se asigna a un propietario ‘desconocido’ y se dispone de 5 años para su declaración con la documentación correspondiente.

Bases definitivas

Las nuevas bases se redactan con la consideración de las alegaciones presentadas. Nuevamente se entrega a cada propietario para su lectura y de no presentarse recursos se le da firmeza.

Las bases definitivas pueden ser recurridas en el periodo de alegaciones ante el Consejo de Agricultura.

Proyecto de concentración parcelaria

Con la firmeza de las bases definitivas se abre la fase del proyecto de concentración. En este documento se refleja el reordenamiento y redistribución de las nuevas fincas en la zona de concentración.

En base al valor de las fincas aportadas, la ubicación, las superficies, la clase de terreno y las vías de comunicación, se define cuál o cuáles le corresponde ahora a cada propietario.

También hay un periodo para alegaciones al proyecto. Si existieren se vuelve a redactar un acuerdo de concentración teniendo en cuenta aquellas y se vuelve a publicar. De lo contrario, continúa el proceso.

Toma de Posesión

Las fincas nuevas ya publicadas y aceptadas son amojonadas y cada propietario toma posesión. Si alguno considerase que existen anomalías en la superficie, tiene el derecho a alegar en el periodo determinado para tal fin.

Durante todo este proceso de concentración parcelaria se redactan y ejecutan las obras necesarias para la explotación, como la apertura o modificación de caminos, desagües, eliminación de accidentes naturales, regadíos, etc.

Título de propiedad

Cada propietario recibe el nuevo título de propiedad de la finca que ha recibido en la redistribución de parcelas. Este es inscrito en el Registro de la Propiedad y asentado en Catastro.

Exclusión de parcela

Por diferentes motivos una parcela puede ser excluida de la concentración, aun cuando se encuentre en zona. Estos datos deben estar expresados en las bases definitivas.

Conclusión

La concentración parcelaria es la agrupación de fincas rústicas pequeñas para crear una estructura mayor que permita la optimización de recursos y la mejor rentabilidad. Tanto la Administración Pública como los propietarios de las tierras tienen competencia para solicitar la concentración con los motivos acreditados.

Durante el proceso pueden surgir diferentes conflictos, como la falta de documentación que acredite la titularidad de las parcelas o el desacuerdo sobre la propiedad de una parte de la tierra. Es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado para que lo asesore en beneficios de sus intereses.