El tráfico de influencias es una práctica en la que una persona utiliza su posición de poder, autoridad o influencia para obtener beneficios o ventajas indebidas para sí mismo o para terceros, a expensas del bienestar común o de principios éticos.
En general, el tráfico de influencias se usa para obtener favores, tratos preferenciales, contratos, empleos o cualquier otro tipo de beneficio personal. Es un aprovechamiento de las relaciones y conexiones que un individuo pueda tener con otros individuos influyentes en el gobierno, la política, el sector privado o cualquier otra esfera de poder.
Esta práctica es considerada un delito o una falta en muchas legislaciones del mundo, ya que socava la equidad y la transparencia en el funcionamiento de las instituciones y puede generar corrupción y desigualdad. Las leyes y normativas que prohíben el tráfico de influencia buscan prevenir, en general, el abuso de poder y proteger la integridad de las instituciones y la sociedad en su conjunto.
Tráfico de influencias en Chile
En Chile, el tráfico de influencias se considera un delito que afecta la probidad administrativa.
Está previsto en el artículo 240 bis del Código Penal, según el cual se sanciona al empleado público que se vale de su posición privilegiada en la administración, aprovechándose de ella para influenciar a otro funcionario público que desconoce de este abuso (no se encuentra concertado con el sujeto activo), ya sea en beneficio propio, de parientes o asociados.
Las penas asociadas al delito son reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, en atención a la gravedad del delito.
Por su parte, el artículo 248 bis del Código Penal señala que «si la infracción al deber del cargo consiste en ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de este una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos, perpetua, además de las penas de reclusión y multa de cien a mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Chile incorporó a su legislación el delito de tráfico de influencias mediante la ley 19.645 de 11 de diciembre de 1999 y que responde al compromiso asumido por el país al suscribir la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
Denuncia por tráfico de influencias en Chile
La denuncia por tráfico de influencias debe presentarse en los tribunales de justicia pertinentes, generalmente el juzgado al que pertenece el lugar donde se sospecha que ocurrió el delito. La denuncia puede presentarse en forma presencial o virtual.
Es importante señalar que, al hacer la denuncia, se debe ser específico sobre quién es el acusado y qué acción específica realizó para cometer el delito.
Al evaluar hacer una denuncia por tráfico de influencias, es importante considerar los siguientes elementos:
- Recopilar pruebas documentales o testigos que respaldan la acusación.
- Solicitar todos los documentos mencionados por la denuncia a los organismos involucrados.
- Solicitar la asistencia legal de un experto en derecho penal para la representación.
- Realizar la denuncia en el juzgado de letras del lugar donde se cometió el acto ilícito.