¿Qué es la antijuridicidad?
La antijuridicidad es un concepto central en el derecho penal que se refiere a la contradicción de una conducta con el ordenamiento jurídico. Es decir, se trata de actos u omisiones que infringen una norma legal y, por ende, son considerados ilícitos. Para que una conducta sea considerada delictiva, no solo debe estar tipificada en la ley como delito, sino que también debe ser antijurídica.
¿Dónde se regula la antijuridicidad en el derecho chileno?
En el ordenamiento jurídico chileno, la antijuridicidad se encuentra regulada de manera implícita en el Código Penal y de forma explícita en las normas que describen las eximentes de responsabilidad penal, como aquellas referidas a la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber y otras causas de justificación.
Elementos de la antijuridicidad
- Antijuridicidad formal: la antijuridicidad formal se refiere a la violación directa de una norma del ordenamiento jurídico. Es la contrariedad de una conducta con una disposición legal específica. Por ejemplo, el hurto está tipificado en el Código Penal como delito y, por tanto, cualquier acto de sustraer bienes ajenos sin el consentimiento del dueño es antijurídico.
- Antijuridicidad material: la antijuridicidad material evalúa si una conducta, además de ser formalmente contraria a la norma, afecta negativamente a bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico. Es una evaluación más sustantiva que analiza el impacto real del acto ilícito en el contexto social y jurídico.
Causas de justificación en Chile
No todas las conductas que a priori parecen antijurídicas se consideran como tales si existen causas de justificación. Las principales causas de justificación en el derecho penal chileno son:
- Legítima defensa: la legítima defensa se da cuando una persona realiza una conducta que, en otras circunstancias, sería considerada delictiva, pero que en este caso se justifica por la necesidad de defenderse a sí misma o a terceros de una agresión ilegítima.
- Estado de necesidad: el estado de necesidad se presenta cuando una persona comete un acto antijurídico para evitar un mal mayor. Este es un concepto más complejo y requiere una evaluación cuidadosa de las circunstancias en que se produjo la conducta.
- Cumplimiento de un deber: el cumplimiento de un deber se refiere a actos realizados en el marco de obligaciones legales o profesionales. Por ejemplo, un médico que realiza una intervención quirúrgica en una emergencia sin el consentimiento del paciente podría estar justificado si es para salvar su vida.
Están exentos de responsabilidad criminal:
1.° El loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón.
Inciso Derogado.
Inciso Derogado.
2.º El menor de dieciocho años. La responsabilidad de los menores de dieciocho años y mayores de catorce se regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil.
3.° Derogado.
4.° El que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
Primera.- Agresión Ilegítima.
Segunda.- Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
Tercera.- Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Inciso Derogado.
5.° El que obra en defensa de la persona o derechos de su cónyuge, de su conviviente civil, de sus parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, de sus afines en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, de sus padres o hijos, siempre que concurran la primera y segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y la de que, en caso de haber precedido provocación de parte del acometido, no tuviere participación en ella el defensor.
6.° El que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el número anterior y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo.
Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números 4° y 5° precedentes, cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor, respecto de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en el número 1° del artículo 440 de este Código, en una casa, departamento u oficina habitados, o en sus dependencias o, si es de noche, en un local comercial o industrial y del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433 y 436 de este Código.
Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4°, 5° y 6° de este artículo, respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando éstas realicen funciones de orden público y seguridad pública interior; en dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa.
Los numerales 4°, 5° y 6° se aplicarán respecto de los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando éstas realicen funciones de orden público y seguridad pública interior ante agresiones contra las personas. De afectarse exclusivamente bienes, procederá la aplicación del número 10° del presente artículo.
Esta norma se utilizará con preferencia a lo establecido en el artículo 410 del Código de Justicia Militar.
Respecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los tribunales, según las circunstancias y si éstas demuestran que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en uno, dos o tres grados, salvo que concurra dolo.
7.° El que para evitar un mal ejecuta un hecho, que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
Primera.- Realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar.
Segunda.- Que sea mayor que el causado para evitarlo.
Tercera.- Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.
8.° El que con ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente.
9.° El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable.
10.° El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo.
11.° El que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
1ª. Actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar.
2ª. Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo.
3ª. Que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita.
4ª. Que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta de sí o, en su caso, a aquel de quien se lo aparta siempre que ello estuviese o pudiese estar en conocimiento del que actúa.
12.° El que incurre en alguna omisión, hallándose impedido por causa legítima o insuperable.
13.° El que cometiere un cuasidelito, salvo en los casos expresamente penados por la ley.
Diferencia entre antijuridicidad y culpabilidad
Es importante distinguir la antijuridicidad de la culpabilidad. Mientras que la antijuridicidad se centra en la ilicitud del acto, la culpabilidad evalúa la responsabilidad personal del autor del hecho delictivo. La antijuridicidad analiza si la conducta es contraria al derecho en general, mientras que la culpabilidad se refiere a la imputabilidad y reprochabilidad de esa conducta al individuo que la realizó.
Evaluación de la antijuridicidad
La antijuridicidad se evalúa caso a caso, considerando las circunstancias específicas del hecho y los elementos subjetivos y objetivos presentes. Un acto puede ser inicialmente típico (es decir, encajar en la descripción legal de un delito), pero no necesariamente antijurídico si existen causas de justificación. Por ejemplo, una persona puede causar daño a otra en defensa propia, lo cual puede ser típico de una lesión, pero no antijurídico por la legítima defensa.
Conclusión
La antijuridicidad es un pilar fundamental del derecho penal chileno, ya que permite distinguir entre actos que simplemente infringen la ley y aquellos que realmente merecen una sanción penal debido a su impacto en los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico. La correcta interpretación y aplicación de este concepto es esencial para garantizar la justicia y la equidad en la administración de la ley.