Decomiso

El decomiso es una medida legal que implica la confiscación o retiro de la propiedad de un individuo como resultado de su involucración en actividades ilícitas o delictivas. Su propósito principal es despojar al infractor de los beneficios adquiridos a través de prácticas ilegales, al mismo tiempo que busca desincentivar la realización de actos delictivos.

Este procedimiento puede aplicarse en diversos contextos legales, siendo más comúnmente empleado en el ámbito penal.

Decomiso de objetos del delito

El artículo 40 del Código Penal Federal de México establece reglas sobre el decomiso de bienes en procesos penales. Según estas reglas, el Órgano Jurisdiccional tiene el poder de ordenar el decomiso de bienes que hayan sido usados en un delito, como herramientas, objetos o productos relacionados. No obstante hay excepciones, ya que no se aplica a los bienes que se abandonaron según lo establecido en las leyes aplicables o a aquellos sobre los cuales se ha declarado la extinción de dominio.

Además, en casos en que los elementos relacionados con el delito no puedan ser encontrados o hayan desaparecido debido a acciones atribuibles al acusado o condenado, el tribunal tiene la autoridad para ordenar el decomiso de bienes que estén bajo la propiedad de esa persona, o de aquellos sobre los cuales tengan control actuando como dueños o beneficiarios controladores.

Esta medida se aplica siempre y cuando el valor de dichos bienes sea equivalente a las ganancias obtenidas ilegalmente. Es importante destacar que esta acción se lleva a cabo sin afectar las disposiciones aplicables en relación con la extinción de dominio.

En el caso de bienes pertenecientes a terceros, sólo serán confiscados si dicho tercero está implicado en actividades terroristas, encubrimiento u operaciones con fondos ilícitos, independientemente de la naturaleza legal del tercero como propietario o poseedor y de su relación con el acusado o condenado. En estas circunstancias, las autoridades correspondientes deben asegurar inmediatamente los bienes que podrían ser sujetos a confiscación durante el proceso, siguiendo los términos establecidos, sin importar la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos vinculados al delito.

Bienes no reclamados

El artículo 41 establece reglas sobre objetos o valores en posesión de las autoridades investigadoras o judiciales que no han sido confiscados y no son reclamados por sus dueños legítimos en un plazo de noventa días naturales desde la notificación.

En estos casos, se llevará a cabo una subasta pública de dichos objetos o valores, y los ingresos obtenidos se entregarán a la persona con derecho a recibirlos. En el supuesto de que el interesado no se presente en un período adicional de seis meses desde la notificación, los fondos generados por la venta se destinarán a mejorar la administración de justicia después de deducir los gastos necesarios.

Para bienes que estén bajo la autoridad y no deban ser destruidos, pero resulten imposibles de conservar o tengan costos elevados de mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública. El producto de esta venta estará disponible para el beneficiario durante seis meses a partir de la notificación, y si no se presenta en ese plazo, se dirigirá a mejorar la administración de justicia.

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