Principio de legalidad

El principio de legalidad es una norma jurídica que sostiene que ninguna persona puede ser sancionada ni privada de sus derechos, excepto en virtud de una ley vigente y previamente tipificada que así lo disponga. Implica que las acciones del Estado deben estar fundamentadas en leyes claras y existentes, las cuales deben ser conocidas y previsibles para todos los ciudadanos. Es un pilar esencial del Estado de derecho, ya que salvaguarda los derechos individuales y establece límites al poder público.

Este principio se aplica en diferentes ámbitos jurídicos, pero es especialmente relevante en derecho penal. Esto porque establece que ningún individuo puede ser sancionado penalmente, privado de su libertad o sometido a medidas restrictivas de derechos, sin que exista una ley previa que establezca claramente la conducta como delito y señala las respectivas sanciones.

Encontramos el principio de legalidad en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 15 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Principio de legalidad en Chile

En Chile, el principio de legalidad se encuentra consagrado en la Constitución Política de la República y es calificado como uno de los principios fundamentales del Estado de derecho. El artículo 6 de este cuerpo legal establece que «los órganos del Estado deben someter su actuación a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República».

En el ámbito penal, el principio de legalidad o de reserva legal de los delitos y de las penas se encuentra en los incisos 7 y 8 del artículo 19, número 3, de la Constitución. Señalan lo siguiente: «ningún delito se castigará con otra pena que la que le señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado» y «ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que sanciona esté expresamente descrita en ella».

Estos preceptos también se encuentran en el artículo 1 del Código Penal y se reitera, con relación a la legalidad de las penas, en el artículo 18 del mismo código.

Además, en el ámbito del proceso penal, el principio de legalidad se encuentra protegido por el artículo 19, número 3, inciso 5, de la Constitución, que garantiza el derecho a la defensa y establece que «nadie podrá ser juzgado sino por un tribunal establecido por la ley antes de la perpetración del hecho».

Garantías del principio de legalidad penal

En Chile, el principio se fundamenta con base en cuatro garantías:

  1. Reserva legal: implica que sólo una ley creada por los órganos legislativos autorizados, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución Política de la República, puede describir una conducta como delito y determinar su sanción. Esto significa que no se pueden establecer normas penales de manera arbitraria, sino que deben ser establecidas mediante leyes formales por las autoridades competentes. La reserva legal asegura que los ciudadanos tengan conocimiento previo de qué comportamientos son considerados delitos y cuáles serán las consecuencias legales asociadas.
  2. Irretroactividad de la ley: significa que para que un comportamiento sea considerado delito, debe estar definido como tal por una ley publicada antes de que se haya cometido el acto ilícito. Por regla general, la ley produce efectos hacia el futuro y no afecta hechos anteriores a su vigencia. No obstante, existe una excepción conocida como el principio "pro reo" que consiste en que, si una ley publicada con posterioridad al hecho delictivo resulta más favorable para el imputado, se debe aplicar esta. Se entenderá que una ley es más favorable cuando exime al acusado de la pena o le impone una penalidad menos severa.
  3. Taxatividad penal o mandato de determinación: es un mandato dirigido principalmente al legislador, para que, al momento de concretar la descripción de la conducta penada, como la pena respectiva, lo haga de manera clara, inequívoca y de forma exhaustiva, a fin de que tanto el juez como los ciudadanos puedan conocer con certeza el contenido de la prohibición y sus detalles.
  4. Prohibición de analogía: esta garantía se encuentra vinculada con la taxatividad penal, pero orientada exclusivamente al juez y a los funcionarios del sistema judicial. Por lo tanto, se considera que sólo está prohibida la analogía "in mala partem", que busca ampliar el alcance de un delito y agravar sus penas. Esta prohibición garantiza la seguridad jurídica y evita la arbitrariedad en la interpretación y aplicación de la ley penal.