¿Qué es el principio de fe pública registral?
El principio de fe pública registral es una regla del derecho registral peruano que protege al tercero que adquiere un derecho confiando en la información que aparece en los Registros Públicos.
Su finalidad es asegurar que quien contrata sobre la base de una partida registral pueda mantener su adquisición, aunque después se descubran causas de nulidad, rescisión, cancelación o resolución en el derecho del otorgante, siempre que dichas causas no consten en los asientos registrales ni en los títulos archivados.
Este principio es esencial para la seguridad del tráfico jurídico. En el Perú, muchas operaciones patrimoniales se realizan tomando como referencia lo que aparece inscrito en Sunarp: compraventas de inmuebles, constitución de hipotecas, transferencias vehiculares, poderes, actos societarios y otros actos inscribibles. La fe pública registral permite que el Registro sea una fuente confiable para contratar.
La idea central es que el tercero que actúa de buena fe y cumple los requisitos legales no debe sufrir las consecuencias de defectos ocultos que no podían conocerse mediante la revisión del Registro. Por ello, la protección no se basa en cualquier confianza subjetiva, sino en una confianza jurídicamente relevante, apoyada en el contenido registral.
¿Dónde se regula el principio de fe pública registral en Perú?
El principio de fe pública registral se regula en el artículo 2014 del Código Civil peruano. Esta norma establece que:
El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan.
La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.
La norma también señala que la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro. Esta presunción facilita la protección registral, pero no impide que pueda ser desvirtuada si se acredita que el adquirente conocía el defecto o actuó sin la diligencia exigible según el caso.