El delito de prevaricato o prevaricación es un delito que se refiere a la acción de un juez, autoridad o servidor público que dicta una resolución injusta a sabiendas de que va en contra de la ley. Esta acción viola el deber de imparcialidad y objetividad que se espera de los funcionarios públicos encargados de administrar justicia.
La prevaricación es un delito de abuso de poder cometido por una autoridad o funcionario público que realiza una conducta ilegal e injusta.
El delito de prevaricato se trata de un acto ilegal en el que un funcionario público, con pleno conocimiento de que su decisión no está respaldada por la ley, decide tomarla de todas formas, es decir, cometer un ejercicio ilícito de su servicio en el poder.
Tipos de prevaricación
El delito de prevaricato está regulado por varias leyes y artículos. El Código Penal colombiano establece que el prevaricato por acción es un delito que se comete cuando un servidor público dicta una resolución injusta a sabiendas de que va en contra de la ley, y está tipificado en el artículo 413 del Código Penal colombiano.
Prevaricato por acción
El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.
Por otro lado, el prevaricato por omisión, es decir, cuando un funcionario público se niega a tomar una acción que debería tomar según su cargo y atribuciones. También está considerado como un delito grave y está regulado por diversas leyes y artículos, como el artículo 414 del Código Penal colombiano y la Ley 734 de 2002.
Prevaricato por omisión
El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.
Además, la Constitución Política de Colombia establece que nadie podrá ser juzgado, sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la debida garantía de defensa. Esto significa que cualquier actuación que vaya en contra de la ley, como el delito de prevaricato, será sancionada y castigada, asegurando así la legalidad y justicia en el país.
Se busca que las leyes que regulan este delito garanticen la imparcialidad y objetividad en el desempeño de los funcionarios públicos encargados de administrar justicia.
Requisitos para que se dé el delito de prevaricato
Para que se configure el delito de prevaricato se deben cumplir ciertos requisitos. En el caso del prevaricato por acción, el servidor público debe dictar una resolución injusta a sabiendas de que va en contra de la ley.
Por otro lado, en el prevaricato por omisión, el funcionario público se niega a tomar una acción que debería tomar según su cargo y atribuciones.
En ambos casos, es necesario que la actuación del servidor público se realice con pleno conocimiento de que su decisión no está respaldada por la ley. Además, si se sospecha que un funcionario público ha cometido prevaricación o prevaricato, es importante conocer los requisitos para iniciar una denuncia.
Según la ley cualquier persona puede denunciar ante la autoridad competente el delito de prevaricato, y para ello es necesario presentar una denuncia escrita con los detalles y pruebas que se tengan sobre el hecho delictivo.
En caso de ser denunciado por el delito de prevaricato, es importante tener en cuenta que, si se encuentra culpable, se puede enfrentar a sanciones penales y disciplinarias, incluyendo la posibilidad de ser destituido de su cargo y de recibir una pena privativa de la libertad.
En conclusión, la prevaricación o prevaricato en Colombia es un delito que atenta contra la justicia y la legalidad, por lo que se castiga como tal. Los servidores públicos tienen la responsabilidad de actuar de manera justa e imparcial en el desempeño de sus funciones, y el prevaricato es un acto que va en contra de este deber fundamental. Para que exista la figura de tal delito se deben cumplir ciertos requisitos, como la actuación del funcionario público con pleno conocimiento de que su decisión no está respaldada por la ley, ya sea por acción o por omisión.