Empadronamiento

La figura del empadronamiento no existe como tal en Colombia, entre otras cosas debido a las condiciones internas del país durante gran parte de su historia. Los actos de violencia que ponían en peligro a muchas personas hicieron que las leyes colombianas dejaran de lado el empadronamiento de los ciudadanos y se declaró como inconstitucional por vulnerar el derecho de seguridad que tienen todos los habitantes del territorio.

La situación particular del país fue analizada y se determinó que era peligroso tener toda la información de la población en un mismo sistema. Prestando particular atención a las personas vinculadas a la política o la defensa de derechos humanos.

En otros países, como España, el empadronamiento se refiere al acto de registro en el Padrón Municipal correspondiente al lugar donde la persona que se empadrona habita. Para la ley española es importante que todos los ciudadanos se registren, por lo que es obligatorio y un requisito para la realización de diversos trámites.

La Corte Constitucional y el empadronamiento

La Corte hizo la revisión de varios decretos legislativos que fueron expedidos durante la Conmoción Interior entre 1996 y 2002. Declaró como inaceptables aquellas normas que obligaban al registro de cualquier habitante ante la autoridad.

Se hizo alusión a la vulneración de algunos derechos básicos de todo colombiano, como el derecho a la libre circulación, domicilio y el derecho a la intimidad. Estas decisiones fueron tomadas teniendo en cuenta normas que se contrastaron con la Carta Política de 1991. 

En la reforma realizada, dentro el artículo 2, se estableció que:

El artículo 24 de la Constitución Política quedará así:  Artículo 24. “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional, de conformidad con la ley estatutaria que se expida para el efecto”.

Por todo lo visto hasta ahora y después de esta reforma, el empadronamiento en Colombia ya no se tiene por inconstitucional, pero esto no quiere decir que se obligue en cualquier caso a que cada habitante se registre.

Para que se analice lo relativo a dicho empadronamiento, debe tenerse en cuenta el contexto en el que decida aplicarse, se encuentra claramente delimitado el contexto normativo y su finalidad. El Gobierno puede hacer esta exigencia, pero debe alinearse con lo establecido por una ley estatutaria. La consecuencia es que esta figura que hemos analizado del empadronamiento, en la práctica no se pueda dar de manera generalizada, abierta e intemporal.