Tráfico de influencias

El tráfico de influencias es una práctica ilícita que consiste en el uso indebido de una posición de poder para obtener beneficios personales o para beneficiar a terceros. El objetivo sería el de utilizar la influencia, autoridad, relaciones políticas o personales para conseguir determinadas ventajas o beneficios de manera ilegal.

Se trata de conductas que implican casos de corrupción y están previstos contra la Administración Pública, por eso están tipificados dentro del Código Penal.

Este tipo de delitos pueden ocurrir en diferentes ámbitos tales como el político o empresarial y es considerado un delito en la mayoría de los países.

¿Dónde se regula el delito de tráfico de influencias?

El Código Penal argentino trata este delito en su artículo 256 bis y refiere a cuando una persona que, por sí misma o por medio de otra persona, solicitare o recibiere dinero, otro tipo de dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer su influencia ante un funcionario público para que éste haga o deje de hacer algo respecto a sus funciones.

Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años.

Artículo 256 bis del Código Penal

Cabe aclarar que quien comete este delito puede ser cualquier persona, pero la influencia con que se negocia debe referirse a la de un funcionario público. Es decir, que no requiere que el acto en sí sea cometido por un funcionario público, sino que sea relativo a tales funciones y contar con la posibilidad de ejercer tal influencia.

En algunos casos el sujeto activo puede actuar de manera directa, ofreciendo o recibiendo beneficios para alcanzar un determinado fin. En otros casos, puede actuar de manera indirecta utilizando sus relaciones personales o políticas para influir en la toma de decisiones para la obtención de beneficios.

Si bien el fin último es conseguir un rédito económico, lo que se penaliza en el tráfico de influencias es la influencia indebida que se utiliza para alcanzar dicha ganancia.

El artículo 256 bis establece un agravante para la norma: cuando la conducta va dirigida a cometer influencia indebida sobre el Poder Judicial o el Ministerio Público.

Penas por tráfico de influencias

Las conductas que se penan son aquellas que atentan contra la objetividad que deben tener las resoluciones dentro de la Administración Pública. Cuando se utiliza el tráfico de influencias para lograr determinado fin, se afectan principios fundamentales como los de igualdad e imparcialidad.

Según el artículo 256 bis, la pena por ejercer tráfico de influencias: “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública”.

Mientras que, si la conducta está destinada a hacer valer la influencia frente a un juez o magistrado: “el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años.”

Las penas por tráfico de influencias en Argentina pueden variar según la gravedad del delito y las circunstancias específicas de cada caso. En general, las penas pueden incluir prisión, multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Es importante destacar que Argentina ha intensificado los esfuerzos para combatir la corrupción en los últimos años, y las penas por delitos relacionados con el tráfico de influencias pueden ser sustanciales para disuadir a los infractores y enviar un mensaje claro sobre la gravedad de este tipo de conducta.