Concurrencia competitiva

​​La concurrencia competitiva es un procedimiento mediante el cual diferentes entidades o empresas compiten en igualdad de condiciones para obtener un contrato, subvención o adjudicación pública.

Este procedimiento se aplica en contratos, ayudas y subvenciones de distinta naturaleza. El objetivo es que las entidades interesadas presenten sus propuestas y se evalúen de forma imparcial y objetiva, seleccionando aquella que mejor cumpla con los requisitos establecidos.

En el contexto de la concurrencia competitiva, se establecen ciertos criterios y requisitos que las entidades o empresas interesadas deben cumplir para poder participar en el proceso de selección. Estos criterios pueden incluir aspectos técnicos, económicos, financieros y de calidad, entre otros.

La concurrencia no competitiva es un procedimiento excepcional en el que no se lleva a cabo una competencia abierta. En este caso, una entidad o empresa es seleccionada directamente, sin que compita formalmente con otros posibles interesados.

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La razón de ser de la concurrencia competitiva

La concurrencia competitiva fomenta la participación de diferentes entidades o empresas interesadas en obtener un contrato, ayuda o subvención pública. Esto genera competencia entre los participantes, lo cual puede llevar a una mejora en la calidad de las ofertas y a una optimización de los recursos disponibles.

Este proceso permite evaluar y comparar las propuestas de los participantes, teniendo en cuenta diferentes criterios predefinidos. De esta manera, se busca seleccionar la oferta más ventajosa o pertinente para la entidad que adjudica, en términos de calidad, precio, capacidad técnica, plazos de ejecución, entre otros aspectos relevantes.

A través de la concurrencia competitiva, se pretende asegurar que los recursos públicos se asignen de manera eficiente. Al evaluar y comparar múltiples propuestas, se tiene la posibilidad de seleccionar la oferta más adecuada o beneficiosa para el interés público, maximizando el valor de los recursos invertidos.

¿Qué ayudas están sujetas a la concurrencia competitiva?

Una amplia variedad de ayudas puede estar sujeta a la concurrencia competitiva. Estas ayudas se otorgan en diferentes ámbitos y sectores, y su objetivo es financiar proyectos, programas o actividades que promuevan el desarrollo económico, social, cultural o científico en el país.

Algunas de las ayudas que comúnmente están sujetas a la concurrencia competitiva son:

  • Ayudas a la investigación y desarrollo (I+D). Destinadas a financiar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.
  • Subvenciones a emprendedores y startups. Ayudas económicas para apoyar la creación y desarrollo de empresas innovadoras y emprendimientos.
  • Ayudas a la formación y educación. Becas y subvenciones para financiar la formación académica, la educación continua, cursos de capacitación o programas de aprendizaje.
  • Ayudas a la cultura y las artes. Subvenciones y concursos para promover la creación artística, la producción cultural, festivales, exposiciones y eventos culturales.
  • Subvenciones a organizaciones sociales y ONG. Ayudas para financiar proyectos y programas sociales, medioambientales o de cooperación al desarrollo llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales.
  • Ayudas a la innovación empresarial. Subvenciones y programas de apoyo destinados a fomentar la innovación en las empresas.
  • Ayudas al empleo y el emprendimiento. Programas y convocatorias de ayudas para fomentar la creación de empleo, la contratación de personal, la formación laboral y el emprendimiento.

Es importante tener en cuenta que cada programa de ayudas o convocatoria puede tener sus propios requisitos y criterios de evaluación. Estos son establecidos por la entidad o institución que las concede.

Criterios para establecer la puntuación

Los criterios que se toman en cuenta para establecer la puntuación en la concurrencia competitiva pueden variar dependiendo del programa de ayudas, la convocatoria específica y la entidad o institución que las concede.

Sin embargo, aquí mencionamos algunos de los criterios que suelen ser considerados:

  • Calidad técnica o científica. Se evalúa la solidez, relevancia y viabilidad del proyecto. Esto implica analizar la metodología, los recursos utilizados, el enfoque innovador y la capacidad para alcanzar los objetivos planteados.
  • Viabilidad económica y financiera. Se analizan aspectos como el presupuesto, la sostenibilidad financiera, la adecuación de los recursos solicitados y la contribución económica esperada.
  • Relevancia e impacto social. Se valora el impacto que el proyecto o propuesta pueda tener en la sociedad, en términos de mejora de la calidad de vida, solución de problemas sociales, fomento del desarrollo local o regional, entre otros aspectos.
  • Experiencia y capacidad técnica. Se toma en consideración la trayectoria y experiencia previa de los participantes.
  • Innovación y valor añadido. Se valora la originalidad, la innovación y el valor añadido que el proyecto o propuesta aporta en relación con otras iniciativas existentes.
  • Plan de ejecución y cronograma. Se analiza la coherencia y la calidad del plan de ejecución del proyecto, así como el cronograma propuesto.

Criterios específicos de las subvenciones para empresas

Los criterios de evaluación que se emplean para asignar subvenciones a las empresas son iguales a los criterios generales. Pese a esto, también hay otros aspectos específicos que se toman en consideración:

  • Ubicación geográfica. En términos generales, son más elegibles aquellas empresas o proyectos que se ubiquen en pequeños municipios.
  • Generación de empleo. Se les da prioridad a los proyectos con mayor potencial para generar ocupación laboral.
  • Tipo de proyecto. Tienen prioridad los proyectos innovadores o asociados con el tema de eficiencia energética y sostenibilidad.
  • Participación de grupos en riesgo. Tienen mayores probabilidades las empresas y proyectos que incluyan grupos en riesgo, como mujeres, jóvenes, personas mayores o en condición de discapacidad, etc.

Regulación legal

La concurrencia competitiva en España está regulada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así mismo, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones

Otras normas asociadas son la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Además de las leyes mencionadas, existen normativas específicas emitidas por las diferentes administraciones públicas. Estas normativas pueden establecer requisitos y procedimientos adicionales para la concurrencia competitiva, de acuerdo con las competencias y particularidades de cada administración.

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