Potestad reglamentaria

La potestad reglamentaria es la facultad del Poder Ejecutivo para dictar normas de carácter general y abstracto, complementando o desarrollando las leyes emitidas por el Congreso. Se manifiesta a través de decretos y reglamentos que detallan la aplicación y ejecución de las leyes.
Ideas clave
  • La potestad reglamentaria en Chile está regulada principalmente por la Constitución Política, específicamente en el artículo 32, inciso 6.
  • Además de la Constitución, leyes como la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley N.º 18.575) guían el ejercicio de esta potestad.
  • La potestad reglamentaria es esencial para la administración pública y la implementación efectiva de políticas públicas.
  • La Constitución chilena permite al Presidente de la República dictar decretos con fuerza de ley sobre materias específicas previa delegación del Congreso.
  • Los decretos son normas emitidas por el Presidente, con finalidades como la implementación de leyes, la administración de recursos del Estado, y la organización interna de la administración pública.
  • Los reglamentos son disposiciones de carácter general y permanente que desarrollan principios y normas de las leyes, detallando aspectos técnicos y operativos necesarios para su ejecución.
  • En Chile, los decretos y reglamentos deben respetar la Constitución y no pueden contradecir sus disposiciones.
  • La potestad reglamentaria no puede modificar, derogar o extender el contenido de las leyes, sino que debe complementar y desarrollar lo establecido por el legislador.
  • Los tribunales de justicia, especialmente la Corte Suprema, pueden revisar la legalidad de los decretos y reglamentos para asegurar que no se excedan las atribuciones del Poder Ejecutivo.
  • La potestad reglamentaria contribuye a la precisión y coherencia en la implementación de políticas públicas, garantizando una aplicación uniforme de las leyes.

¿Qué es la potestad reglamentaria?

La potestad reglamentaria es la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para dictar normas de carácter general y abstracto que complementan o desarrollan las leyes promulgadas por el Congreso Nacional.

Estas normas tienen como objetivo detallar y asegurar la correcta aplicación y ejecución de las leyes. La potestad reglamentaria se ejerce a través de decretos y reglamentos, y es esencial para la administración pública y la implementación efectiva de políticas públicas.

¿Dónde se regula la potestad reglamentaria en Chile?

En Chile, la potestad reglamentaria está regulada principalmente por la Constitución Política de la República. El artículo 32, inciso 6, de la Constitución, establece que es atribución del Presidente de la República "dictar, previa delegación del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre materias específicas".

Son atribuciones especiales del Presidente de la República:

6º.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes;

(...)

Artículo 32 de la Constitución Política de la República de Chile

Además de la Constitución, existen diversas leyes que especifican el alcance y los límites de la potestad reglamentaria en materias particulares. La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley N.º 18.575) es un ejemplo relevante, pues establece principios y procedimientos que guían el ejercicio de esta potestad.

¿Cuál es la diferencia entre decretos y reglamentos?

En el ejercicio de la potestad reglamentaria, se pueden dictar tanto decretos como reglamentos. La diferencia principal entre estos radica en su alcance y propósito:

  • Decretos: son normas emitidas por el Presidente de la República y pueden tener diferentes finalidades, como la implementación de leyes (decretos supremos), la administración de recursos del Estado (decretos exentos) o la organización interna de la administración pública. Los decretos supremos, en particular, son esenciales para la aplicación efectiva de las leyes y requieren la firma del Presidente y del ministro correspondiente.
  • Reglamentos: son disposiciones de carácter general y permanente que desarrollan los principios y normas establecidas en las leyes. Los reglamentos detallan aspectos técnicos y operativos necesarios para la ejecución de las leyes y suelen ser dictados por el Presidente de la República o los ministros de Estado. A diferencia de los decretos, los reglamentos no crean nuevas obligaciones o derechos, sino que clarifican y especifican los ya establecidos por la ley.

Limitaciones y control de la potestad reglamentaria

La potestad reglamentaria está sujeta a varias limitaciones y controles para asegurar su conformidad con el ordenamiento jurídico:

  1. Constitucionalidad: los decretos y reglamentos deben respetar la Constitución y no pueden contradecir sus disposiciones. Cualquier norma reglamentaria que infrinja la Constitución puede ser declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional.
  2. Legalidad: la potestad reglamentaria no puede modificar, derogar o ir más allá del contenido de las leyes. Debe limitarse a complementar y desarrollar lo establecido por el legislador.
  3. Control judicial: los tribunales de justicia, especialmente la Corte Suprema, pueden revisar la legalidad de los decretos y reglamentos, asegurando que no se excedan las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo.
  4. Control administrativo: dentro de la administración pública, existe un control jerárquico donde las autoridades superiores supervisan la conformidad de los actos reglamentarios con las leyes y políticas públicas establecidas.

Importancia de la potestad reglamentaria

La potestad reglamentaria es fundamental para el funcionamiento eficiente y eficaz de la administración pública. Permite una adaptación flexible de las normas legales a las realidades cambiantes y a las necesidades específicas de la sociedad. Además, contribuye a la precisión y claridad en la implementación de políticas públicas, garantizando que las leyes se apliquen de manera uniforme y coherente.

Conclusión

En resumen, la potestad reglamentaria es una herramienta clave del Poder Ejecutivo para asegurar la correcta ejecución de las leyes y la adecuada administración del Estado, siempre dentro de los límites impuestos por la Constitución y las leyes.