El principio de legalidad es la garantía y tutela de la seguridad jurídica. Si bien se despliega por todo el sistema jurídico, cobra mayor importancia en los ámbitos penal, administrativo y tributario.
De hecho, es uno de los principios sobre los que se sustenta el Derecho Administrativo, es decir, el aplicable a la administración pública.
En forma general implica que todos los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a la ley, y que solo pueden hacer lo que está permitido o no prohibido por las leyes. El principio de legalidad actúa junto con otros principios generales del derecho.
A su vez, legitima la actuación del Estado al sujetar esta a las mismas leyes que la ciudadanía.
El principio de legalidad en el ordenamiento jurídico
El principio de legalidad, junto con otros principios generales del Derecho, es el origen y fundamento de las normas. Los principios generales tienen primacía frente a otras fuentes del derecho. Constituyen el fundamento del derecho positivo.
Su rol en el ordenamiento jurídico es el siguiente:
- Garantiza la protección y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.
- Implica la supremacía constitucional.
- Representa la articulación constitucional de las fuentes del derecho.
- Rige todas las actuaciones de la Administración Pública, en especial su poder sancionador.
- Son complementarios del principio de legalidad, los principios de jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad y seguridad jurídica.
El principio de legalidad en el Derecho Administrativo
La importancia del principio de legalidad es indiscutible en todos los campos, pero en modo particular en el Derecho Administrativo. Entre otras cosas porque de acuerdo a este principio, la Administración debe ceñirse a un ordenamiento jurídico jerarquizado.
La principal aplicación del principio de legalidad en el derecho administrativo es sobre su poder sancionador. Implica que la atribución de la Administración Pública para sancionar solo puede realizarse a través de las leyes.
Dentro del principio de legalidad, se actúa junto con el principio de interés general, por el cual el interés privado debe ceder ante el interés público o social, y con el principio de división de poderes, según el cual el poder público se distribuye en órganos con funciones específicas y limitadas para cada uno de ellos.
Por otra parte, la Administración puede dictar sus propias normas, siempre dentro de los límites que establecen las leyes.
El principio de legalidad en el Derecho Penal
Según el principio de legalidad en el derecho penal:
- No puede aplicarse una pena que no esté prevista por la ley.
- Todos los delitos deben tener señalada su pena específica.
- No puede imponerse una pena sin juicio previo.
De aquí se derivan las diversas garantías del sistema judicial en el aspecto penal.
El principio de legalidad en el derecho tributario
- La legalidad de la tributación se conoce también como reserva de ley.
- En el sistema tributario, el sistema de legalidad opera junto con los principios de proporcionalidad y equidad.
- También, junto con el de no confiscatoriedad, en relación con el derecho de propiedad, ya que la porción del patrimonio que toma el tributo, debe mantenerse dentro de límites razonables.
En un sentido más amplio, el principio de reserva de ley es el conjunto de disposiciones cuya regulación concierne exclusivamente a los parlamentos y que deben ser definidas en forma de ley.
Así, desde el punto de vista tributario, excluye determinados sectores y materias de la regulación por parte de la Administración, actuando como una técnica protectora del Estado de Derecho. Por ejemplo, la creación, modificación y supresión de tributos solo puede realizarse por ley.