Tutela

La tutela es un mecanismo de protección de las personas que no gozan de plena capacidad de obrar. Nos referimos a los menores o a los incapacitados judicialmente, cuyas facultades jurídicas están limitadas y se complementan mediante la intervención de su tutor.

Esta institución se regula en los artículos 222 y siguientes del Código Civil, y es imprescindible conocerla antes de iniciar un proceso de modificación de la capacidad jurídica (incapacitación). Tales procesos de incapacitación suelen promoverse respecto a personas mayores o con patologías que afecten a su capacidad para vivir autónomamente.

Tutela

La tutela consiste en cuidar de una persona que no puede valerse por sí misma ni personal ni patrimonialmente

Tutela y capacidad de obrar

La capacidad de obrar se define como la facultad de las personas para desplegar efectos jurídicos con su actuación. En determinadas situaciones las personas no ostentan plena capacidad de obrar. Por ejemplo, los menores de edad no pueden realizar por sí mismos determinados negocios jurídicos. Lo mismo ocurre con las personas incapacitadas judicialmente.

Para posibilitar que una persona pueda desarrollar su vida en sociedad pese a estas limitaciones jurídicas existe la institución de la tutela. El tutor intervendrá en todos aquellos aspectos donde la persona tutelada no puede actuar por sí misma, dada la limitación a su capacidad de obrar.

La tutela es una institución muy similar a la curatela, aunque representa un tipo de protección mayor. Así, mientras el curador se limita a complementar la voluntad del curado (autorizando sus actos y careciendo por tanto de iniciativa), el tutor realiza por sí los actos del tutelado, sustituyéndolo.

Existen dos tipos de tutela:

  1. Tutela familiar. Se trata de un sistema donde el tutor pertenece al ámbito familiar del tutelado. En este sentido la institución de la tutela resulta comparable a la patria potestad. De hecho, se puede considerar que la tutela es uno de los componentes de la patria potestad. Así, los menores tutelados son aquellos no sometidos a patria potestad ni emancipados.
  2. Tutela institucional. Se trata de un sistema donde el tutor, que puede pertenecer o no al ámbito familiar del tutelado, actúa bajo control de las autoridades.

Nuestro sistema es de corte institucional, ya que es el Juez quien nombra y controla al tutor. Sin embargo, presenta rasgos familiares, ya que el Código Civil determina la prioridad de elección de tutores que guardan un vínculo de parentesco con el menor o incapacitado.

En definitiva, la tutela constituye una institución de defensa del interés del menor y el incapacitado. Por eso, constituye un elemento esencial en los procesos de modificación de la capacidad jurídica.

Quién se somete a tutela

Como decimos, el tutelado se caracteriza por tener la capacidad de obrar limitada. En nuestro ordenamiento jurídico existen tres supuestos en que puede proceder la tutela:

  1. Menores, cuando no estén sometidos a la patria potestad de sus progenitores ni emancipados.
  2. Mayores de edad o menores emancipados cuando queden incapacitados mediante sentencia judicial.
  3. Mayores de edad sometidos al régimen de prórroga de la patria potestad al cesar esta, siempre que no queden sometidos a curatela.

Como puede advertirse, la patria potestad sustituye a la tutela en el caso de los menores de edad. Y es que la protección de la persona del menor y su patrimonio constituyen elementos de la patria potestad.

Quién puede ser tutor

La determinación del tutor en nuestro ordenamiento jurídico corresponde la autoridad judicial. Así, será el Juez quien nombre al tutor y controle su actuación. Sin embargo, el artículo 223 del Código Civil permite que los padres designen tutores u órganos de fiscalización de los mismos en su testamento, respecto a sus hijos menores o incapacitados.

En este sentido se establece un orden de preferencia, que puede ser alterado por el juez si así lo estima adecuado al interés del menor o incapacitado:

  • Designado por el tutelado.
  • Cónyuge que conviva con el tutelado.
  • Padres.
  • Personas designadas por los padres en su testamento.
  • Descendiente, ascendiente o hermano.

Para promover esta actuación judicial hay que estar a lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Tras incoarse el correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria el juez nombrará mediante auto motivado al tutor o tutores.

En cualquier caso, tanto el Juez como el Ministerio Fiscal que conocieran de la existencia de una persona que debiera ser sometida a tutela en su jurisdicción promoverán de oficio esta institución. También tiene la obligación de promover las actuaciones correspondientes los parientes antes relacionados y el guardador del menor o incapacitado.

Contenido de la tutela

La tutela se compone de una serie de facultades-deberes que ostenta el tutor o sobre la persona o el patrimonio del tutelado. Tales facultades tienen como único objetivo la defensa de los derechos e intereses de la persona sujeta a tutela.

Así, el tutor ejerce su cargo en beneficio del tutelado, considerándose sus funciones como un deber sometido a control judicial.

Control judicial del tutor

Como hemos indicado, el tutor está sometido al control judicial. Esto implica que necesitará autorización para realizar determinadas funciones, como por ejemplo:

  • Vender o gravar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles e industriales, así como objetos preciosos y valores mobiliarios.
  • Renunciar a derechos.
  • Aceptar herencias sin beneficio de inventario o repudiarlas.
  • Hacer gastos extraordinarios en bienes.
  • Entablar demandas en nombre del tutelado.
  • Ceder bienes por tiempo superior a seis años o disponer gratuitamente del patrimonio del tutelado.
  • Dar y tomar dinero a préstamo.
  • Internar al tutelado en un establecimiento de salud mental y educación especial.
  • Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él o comprar los que algún tercero tenga contra el tutelado.

Extinción de la tutela

El artículo 276 del Código Civil regula las causas de extinción de la tutela, que incluyen:

  • Que el menor de edad cumple la mayoría de edad.
  • La adopción del tutelado menor de edad (salvo cuando estuviera previamente incapacitado).
  • El fallecimiento del tutelado.
  • La concesión del beneficio de la mayor edad.

Existen otros medios de extinción de la tutela. Por ejemplo, cuando un progenitor desaparece (y reaparece posteriormente) o es privado de su patria potestad (y la recupera posteriormente). Durante este impasse el menor tendrá que haber quedado sometido a tutela, que quedará extinta una vez su progenitor reaparezca o recuperar la patria potestad.

La extinción de la tutela puede suponer el nombramiento de un nuevo tutor si el tutelado sigue teniendo su capacidad de obrar limitada. En caso de haber obtenido plena capacidad de obrar (por ejemplo por haber cumplido 18 años o haber sido revocada su incapacitación judicial), la extinción de la tutela determinará el levantamiento del cargo del tutor.

En ambos casos el tutor debe rendir cuentas sobre su administración a la autoridad judicial. Dispone para ello de 3 meses desde la extinción de su función. El tutelado o sus allegados podrán promover la acción de rendición de cuentas en un plazo de 5 años desde que transcurran los 3 meses para hacerlo voluntariamente.