Silencio administrativo

El silencio administrativo es un mecanismo que protege a los ciudadanos frente a los incumplimientos de la Administración Pública en la resolución de sus procedimientos.

Es decir, esta figura jurídica se pone en práctica en los procedimientos administrativos que han sido iniciados por solicitud de un particular o de oficio y la Administración Pública no cumple con el plazo con el que cuenta para tomar una decisión y resolver ese procedimiento.

Se encuentra regulado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿Cuál es el plazo que debe cumplir la Administración Pública?

Las Administraciones Públicas están obligadas a resolver todos los procedimientos administrativos dentro del plazo que esté fijado por el propio procedimiento (si no existen normas del procedimiento al respecto, el plazo será de tres meses).

Por norma general, el plazo para resolver un procedimiento no puede ser mayor a seis meses desde la fecha en que se haya realizado la solicitud. De manera excepcional, podrá superar ese plazo si está establecido por la normativa comunitaria europea o por una norma con rango de Ley.

Desde el momento en que vence el plazo máximo de la resolución del correspondiente procedimiento sin que se haya realizado, el silencio administrativo protege a los individuos de forma automática.

El silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado

Si transcurrido el plazo mencionado en el apartado anterior, la Administración no notifica una resolución, entonces el silencio administrativo actúa y puede ser tanto positivo como negativo.

En primer lugar, el silencio administrativo en procedimientos que hayan sido iniciados a solicitud del particular será, por norma general, positivo o estimatorio. Esto quiere decir que el procedimiento quedará estimado directamente por el silencio administrativo.

Por otro lado, existe el silencio administrativo negativo o desestimatorio que consiste en dar la posibilidad de interponer un recurso administrativo o contencioso-administrativo por el incumplimiento.

Para finalizar, cuando el procedimiento administrativo se inicia de oficio, por norma general el silencio administrativo tendrá un efecto negativo.