Procedimiento abreviado

Un procedimiento abreviado es un tipo de juicio o proceso penal que se utiliza para enjuiciar delitos menos graves que están castigados con una pena de prisión menor de 9 años o con cualquier otra pena que no suponga la privación de la libertad. Se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) a partir del artículo 757.

Procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado es un tipo de juicio para delitos menos graves castigados con pena de prisión menor de 9 años.

Otros tipos de procesos penales que existen, además del procedimiento abreviado, son el juicio rápido, el juicio con jurado, el juicio ordinario y el procedimiento sobre delitos leves, entre otros.

Fases del procedimiento abreviado

Al igual que en el procedimiento ordinario, las fases o periodos por los que pasa un procedimiento abreviado son:

  1. La instrucción.
  2. La fase intermedia o de preparación del juicio oral.
  3. El juicio oral.

En cada fase existen una serie de cualidades que permiten mayor agilidad en el proceso. La sentencia debe ser dictada en los 5 días siguientes de la celebración del juicio oral y existe la posibilidad de que se notifique oralmente durante el mismo juicio.

Características del procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado es una alternativa más ágil y menos formal que el proceso penal utilizado para delitos muy graves. En concreto, se caracteriza principalmente por los siguientes aspectos:

  • Se inicia a través de denuncia o querella interpuesta por un atestado policial, por un particular o por el Ministerio Fiscal.
  • La instrucción de estos procedimientos será competencia de los Juzgados de Instrucción y el enjuiciamiento a los Juzgados de lo Penal cuando el delito conlleve penas de prisión menores a 5 años u otras penas de menos de 10 años. En los demás casos, el enjuiciamiento corresponderá a la Audiencia Provincial.
  • Agilización del procedimiento en todas las fases mediante la reducción o la supresión de algunas actuaciones (como la posibilidad de celebrar el juicio oral en ausencia del acusado siempre que se cumplan algunos supuestos).
  • Refuerzo de las garantías de las víctimas (como que el Ministerio Fiscal debe velar por la protección de sus derechos) y del investigado (por ejemplo la Policía judicial debe informarle de los hechos y derechos que le corresponden).
  • Aumento de las funciones autónomas de investigación de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal.