Prisión provisional

La prisión provisional es una medida cautelar personal de duración temporal que consiste en ingresar en prisión a una persona que está siendo investigada durante la tramitación del proceso penal hasta que se celebre el juicio. Tiene que decretarse mediante resolución judicial motivada siempre que se cumplan unas condiciones.

Prisión provisional

La prisión provisional consiste en ingresar en prisión temporalmente a una persona investigada hasta que se celebre el juicio.

Requisitos de la prisión provisional

Para que un juez pueda privar de libertad a la persona a pesar de la presunción de inocencia, deben concurrir los siguientes requisitos:

  1. Que exista un hecho delictivo con penas máximas de 2 o más años (pudiendo ser inferior a 2 años si el imputado tiene antecedentes penales).
  2. Indicios claros de que la persona investigada es la autora de ese delito.
  3. El objetivo debe ser evitar el riesgo de que el sospechoso cometa otros actos delictivos (siempre que sea por un delito doloso), destruya pruebas, o bien para asegurar la asistencia del acusado al proceso.
  4. Esta medida debe ser estrictamente necesaria, es decir, que no existen otras medidas cautelares menos graves (como el arresto domiciliario o una fianza) que se puedan adoptar para asegurar los objetivos establecidos.

Duración máxima para la prisión provisional

Por norma general, la prisión provisional durará hasta que se produzca la sentencia final del proceso judicial, o bien se extinguirá si en algún momento desaparecen las causas para la prisión provisional.

No obstante, existen unos periodos máximos de duración establecidos por la ley. Si la finalidad es evitar una posible fuga o la reiteración delictiva la duración de la prisión provisional no podrá ser mayor de:

  • 1 año para delitos con pena privativa de libertad igual o inferior a 3 años prorrogable hasta 6 meses.
  • 2 años si la pena correspondiente al hecho delictivo es de más de 3 años prorrogable hasta 2 años.

Por otro lado, cuando el objetivo sea evitar la destrucción de pruebas, no podrá ser mayor de 6 meses sin posibilidad de prórroga.