El principio de seguridad jurídica, reconocido en la Constitución española, garantiza que la aplicación de la ley sea igual para todos y que en cada norma o acto administrativo se respete la legislación vigente de manera coherente y predecible.
La razón de ser del principio de seguridad jurídica está en garantizar que los ciudadanos tengan certeza y confianza en las leyes y normas que regulan su vida, generando así estabilidad y orden en la sociedad.
Algunas implicaciones fundamentales del principio de seguridad jurídica
Un aspecto clave en el que se basa el principio de seguridad jurídica es la estructura y procesamiento de las leyes. La certeza, la previsibilidad, la seguridad de las acciones y de las decisiones legales, se sostienen en que todas las partes, jueces, autoridades y ciudadanos, conozcan y entiendan las leyes.
Por lo tanto, las normas jurídicas deben ajustarse a las siguientes condiciones:
1. Claridad y accesibilidad
Los ciudadanos deben poder conocer las leyes que les afectan y entender cómo se aplican en su situación particular. Por lo tanto, las leyes deben redactarse de manera clara, evitando ambigüedades y contradicciones.
2. Publicidad de las normas jurídicas
Para que una norma jurídica sea obligatoria tiene que haber sido promulgada y publicada de manera accesible, para que los ciudadanos puedan conocerla y entender su contenido. En España, esto se consigue mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
3. Tipificación de conductas y consecuencias
Las conductas y sus consecuencias jurídicas deben estar tipificadas en la ley. De este modo se garantiza al ciudadano la seguridad jurídica que evita la arbitrariedad en la aplicación de las normas penales.
Las enumeradas son condiciones estructurales básicas de las leyes y de su aplicación que sirven de base a la seguridad jurídica.
Certeza y estabilidad son pilares que definen la seguridad jurídica
La jurisprudencia ha realizado sus aportes a la caracterización del principio de seguridad jurídica. Ejemplo de esto es la STC de 7 de abril de 2005, que se refiere a la doctrina sobre el principio de seguridad jurídica.
En esta sentencia se trata el principio de seguridad jurídica en base a la certeza, que procede de saber cuál es y qué contempla la norma que se aplica en cada caso. La certeza se sostiene en la claridad de las normas, es decir, en la redacción de las leyes y regulaciones.
A su vez, la sentencia mencionada reconoce la previsibilidad producto de la estabilidad. El ciudadano puede anticipar cómo actuarán las autoridades cuando aplican las normas jurídicas. Esta condición básica para la seguridad jurídica, implica que las autoridades encargadas de aplicar las leyes actúen de manera coherente y consistente.
Estabilidad de las normas jurídicas no es lo mismo que preservación indefinida
La certeza y la posibilidad de predecir cómo actuarán las autoridades, no implica que las normas jurídicas se preserven indefinidamente sin modificaciones. Las normas jurídicas no son principios absolutos y deben evolucionar de acuerdo con la vida de las personas.
Por tanto, el principio de seguridad jurídica coexiste con otros principios constitucionales que permiten las innovaciones y cambios normativos en la medida que la sociedad así lo requiera.
El principio de seguridad jurídica y otros principios constitucionales
El principio de seguridad jurídica se relaciona con varios principios constitucionales que están interconectados y que contribuyen a garantizar un sistema jurídico sólido y confiable. Así lo establece el artículo 9.3 de la Constitución española.
Algunos de estos principios fundamentales son:
El Estado de Derecho
El principio del Estado de Derecho es uno de los pilares fundamentales de la Constitución española. Implica que el ejercicio del poder público debe ajustarse a la ley, por lo que todos los actos de las autoridades deben estar basados en una norma jurídica legítima. La seguridad jurídica se deriva de la aplicación efectiva del Estado de Derecho.
Legalidad
El principio de legalidad establece que solo se puede sancionar a las personas por acciones u omisiones que estén previamente establecidas como delitos en una ley. Esto implica que los ciudadanos tienen derecho a conocer las leyes aplicables y a que estas sean claras y precisas. La seguridad jurídica se basa en el respeto a la legalidad y en la certeza de que las conductas están tipificadas en la ley.
Irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables
Este principio de irretroactividad, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, garantiza que nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que no estuvieran reconocidas como falta o delito en el momento en que se cometieron. Por lo tanto, solo tienen validez las normas vigentes en ese momento. La seguridad jurídica implica que las normas no pueden tener efecto retroactivo desfavorable para los ciudadanos.
Jerarquía normativa
El principio de jerarquía normativa es un principio de ordenación que establece que unas normas prevalecen jerárquicamente sobre otras. Cada tipo de norma ocupa su lugar y regula la materia y los asuntos para los que fue creada.
Interdicción de la arbitrariedad
El principio de interdicción de la arbitrariedad implica que las autoridades deben actuar de manera razonable, objetiva y fundada en la ley. No pueden tomar decisiones arbitrarias o injustificadas. La seguridad jurídica se relaciona con la garantía de que las actuaciones de jueces, tribunales y otras autoridades estén basadas en criterios legales y objetivos.
Estos son los principios fundamentales que contribuyen a la seguridad jurídica. La interrelación entre ellos tiende a garantizar la confianza en el sistema jurídico. Son el punto de apoyo de los ciudadanos para que puedan actuar con certeza sobre sus derechos y obligaciones.
Los abogados son los profesionales idóneos para proteger el principio de seguridad jurídica en cualquier sistema legal. Conocedores de las leyes y de la jurisprudencia, asesoran a los ciudadanos ayudándoles a comprender las normas y las regulaciones que los afectan.
Tienen un papel fundamental para garantizar la correcta aplicación de la normativa legal, evitando los riesgos de interpretaciones erróneas que puedan generar inseguridad jurídica.