El principio de proporcionalidad es un concepto del derecho español que establece que las medidas adoptadas por las autoridades públicas deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales a la finalidad que se persigue. Se aplica en distintas áreas del derecho, como el derecho civil, el derecho penal, laboral, tributario, entre otros.
La aplicación del principio de proporcionalidad tiene como objetivo evitar la utilización desmedida de sanciones, especialmente las que conllevan privación o restricciones de la libertad.
Implicaciones del principio de proporcionalidad
El efecto fundamental de la aplicación del principio de proporcionalidad es que una condena o una pena debe adecuarse a la gravedad de la conducta y a la relevancia del bien jurídico que protege. Por lo tanto, implica que cuanto más grave sea el delito y más importante lo que la ley protege, mayor debe ser la sanción impuesta.
Algunos efectos del principio de proporcionalidad son los siguientes:
Protección de los derechos fundamentales
El principio de proporcionalidad protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al disponer que las medidas adoptadas por las autoridades públicas sean necesarias y proporcionales a la finalidad que se persigue, se evita que se vulneren derechos.
Desde este punto de vista contribuye a que se cumpla el art. 1 de la Constitución española, que proclama el valor superior de la libertad como derecho fundamental.
Control de la Administración Pública
La existencia del principio de proporcionalidad es útil para controlar la actividad de la Administración Pública, exigiendo que las decisiones sean adecuadas y justificadas. Si la Administración no respeta este principio, se puede impugnar su decisión ante los tribunales para obtener su anulación.
Limitación al poder punitivo del Estado
Cuando se considera el principio de proporcionalidad se evita que se impongan penas excesivas o desproporcionadas. De esta manera se protege el derecho a la tutela judicial efectiva y se garantiza el respeto a los principios de legalidad de los procesos. Es un principio clave para impedir los abusos de poder.
Equilibrio en las relaciones laborales
El principio de proporcionalidad también se aplica en el ámbito laboral. En aplicación de este principio, las medidas adoptadas por los empleadores deben ser proporcionales y adecuadas a la falta cometida por el empleado. Por lo tanto, protege el equilibrio en las relaciones laborales.
Exigencias fundamentales a las que obliga el principio de proporcionalidad
El principio de proporcionalidad engloba tres exigencias fundamentales que deben ser respetadas por las autoridades públicas cuando adoptan medidas que afecten a los ciudadanos. Estas medidas son las siguientes:
- Adecuación. La medida adoptada debe ser adecuada para lograr el objetivo perseguido y efectiva para solucionar el problema que se pretende abordar. Por lo tanto, el juez o el legislador deben optar por la sanción o medida adecuada cualitativa y cuantitativamente para proteger el bien jurídico que se tutele. La medida deberá estar en consonancia también con la gravedad de la falta o delito.
- Necesidad. La pena o sanción debe ser necesaria. Esta condición implica que no debe existir otra medida menos restrictiva que permita lograr el mismo objetivo. Si se impone una pena innecesaria se comete una injusticia grave.
- Proporcionalidad. La medida dispuesta debe ajustarse adecuadamente a la situación, evitando imponer una pena desproporcionada o injustificada a los ciudadanos. La proporcionalidad en sentido estricto supone que el juez realice un juicio de valoración de la pena o medida, en relación al fin que se persigue con ella.
El principio de proporcionalidad en el derecho penal
El reconocimiento inicial de la necesidad del principio de proporcionalidad tuvo su inicio en el ámbito del Derecho Penal. Surgió en base a la necesidad de que la pena o medida de seguridad se correspondiera con la gravedad del hecho cometido o con la peligrosidad del sujeto.
En su aplicación en el derecho penal, la proporcionalidad no solo se necesita para limitar las medidas. Es decir, que no solo tiene que ver con la relación entre delito y pena. Es válida también para graduar las penas y la culpabilidad. Mediante el principio de proporcionalidad se tiende a que la gravedad de la pena se corresponda con la gravedad del hecho cometido o con la peligrosidad del sujeto.
El principio no se aplica exclusivamente en la elección de la pena que, a juicio del juez, corresponde a un sujeto que cometió un delito. Se aplica, además, en todas las consecuencias jurídico-penales que se pueden derivar de la comisión de un delito.
Un ámbito en el que la proporcionalidad tiene gran impacto es en las medidas de seguridad. A este respecto, la jurisprudencia ha aportado postulados importantes vinculados con la proporcionalidad de las medidas de seguridad. El bloqueo de patrimonio y la prisión provisional, por ejemplo, han sido medidas de seguridad sobre las que los Tribunales han atendido especialmente al principio de proporcionalidad.
El principio de proporcionalidad en el derecho civil
En el ámbito civil, el principio de proporcionalidad se ha configurado como un principio general que impone límites a las potestades administrativas. La aplicación de este principio exige un criterio de prudencia en la tipificación de las infracciones, criterio de moderación y funcionalidad de las sanciones.
Contribuye a establecer pautas de comportamiento a los responsables de la Administración en todos sus niveles, para que hagan cumplir los fines que le competen. Estos fines son velar por el interés general adecuando su actuación a cada fin específico que persigue.
¿Se puede demandar a la autoridad por incumplimiento del principio de proporcionalidad?
El incumplimiento del principio de proporcionalidad es un argumento válido para demandar a la autoridad responsable. La demanda se puede interponer cuando se considera que la autoridad ha impuesto una sanción o medida que es desproporcionada en relación con la falta o el delito cometido.
Para interponer una demanda de esta naturaleza, es necesario presentar pruebas que demuestren que la sanción o medida impuesta no se corresponde con lo sancionado.
Contar con un abogado especialista en estos asuntos, es imprescindible para organizar la demanda de manera que permita obtener resultados favorables al perjudicado.