El principio de legalidad consiste en dar prevalencia a la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. La consecuencia directa de ello es que todo lo que emana del Estado se rige por la ley y no por la voluntad de los individuos.
El principio de legalidad consiste en dar prevalencia a la ley sobre cualquier actividad o función del poder público.
¿Cómo se define el principio de legalidad?
Según la literalidad del Diccionario del Español Jurídico, el principio de legalidad es el principio jurídico que sustenta el Estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al Derecho.
En términos más constitucionales, se define como el principio que garantiza la primacía de la ley, superioridad o jerarquía de la misma con respecto de cualquier otra clase de norma.
Finalmente, cabría destacar que, en el mundo penal, el principio de legalidad alude a un principio jurídico según el cual no puede castigarse una acción u omisión si no está prevista como delito en una ley.
¿Dónde se regula el principio de legalidad?
El principio de legalidad se aprecia en los siguientes preceptos constitucionales:
Artículo 9 de la Constitución Española, apartados primero y tercero:
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
(...)
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 103 de la Constitución en su apartado 1:
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Primer apartado del artículo 117 de la Constitución:
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Este principio también se consagra en la ciencia penal, en el primer apartado del artículo 1 del Código Penal:
1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración.
¿Qué implica el principio de legalidad?
El principio de legalidad tiene las siguientes implicaciones:
- No solo la Administración Pública, sino todos los poderes públicos, quedan sujetos a la ley. No hay espacio que esté exento de la acción del Derecho.
- Por ley no puede entenderse únicamente lo que emane del Parlamento, sino también la Constitución, las normas del Gobierno con rango de Ley, los Tratados y Convenios Internacionales, más aquello que quede bajo la competencia del marco autonómico.