La prescripción es una institución jurídica que establece un límite temporal para el ejercicio de ciertos derechos o acciones legales. Básicamente, implica que una vez que ha transcurrido el periodo de tiempo que la ley determina, una persona ya no puede iniciar un procedimiento legal o reclamar un derecho.
Igualmente, que se podrá generar la adquisición de un derecho o bien ajeno, debido precisamente al transcurso del tiempo que la norma señala.
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Consultar abogado¿Qué es la prescripción?
La prescripción cumple diversos propósitos en el ámbito jurídico. En primer lugar, busca promover la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones sociales. Lo anterior se produce al evitar que las personas vivan en una constante incertidumbre con respecto a la posibilidad de ser demandadas o tener que hacer frente a reclamaciones pasadas.
En segundo lugar, se trata de prevenir la perpetuación de conflictos y la acumulación de acciones legales indefinidamente.
Requisitos de la prescripción
Para que una prescripción se pueda producir, es indispensable cumplir con los requisitos que las normas establecen. Las condiciones fundamentales que permiten alegar y admitir una prescripción en el contexto legal español son:
- Presencia de un derecho que efectivamente prescriba: ya que no todos los derechos y/o procedimientos son susceptibles de prescribir.
- Transcurso del plazo: la prescripción implica el paso de un periodo de tiempo determinado, señalado por la ley. Es necesario que el mismo haya transcurrido para que se pueda alegar. Puede variar dependiendo del tipo de derecho o de la acción legal involucrada.
- Falta de ejercicio del derecho: durante el periodo de prescripción, la persona que reclama debe abstenerse de llevar a cabo o requerir el derecho en cuestión. La inactividad es requisito fundamental para que la prescripción opere. Por lo tanto, si se realizan acciones que impliquen el ejercicio del derecho, esta podrá interrumpirse y el plazo comenzará a contar, desde el principio, nuevamente.
- Alegación de la prescripción: al haber transcurrido el tiempo regulado por la norma, la persona deberá alegar la prescripción del derecho.
Es importante tener en cuenta que estos requisitos son generales. En algunos casos la prescripción puede estar sujeta a condiciones adicionales. Por ejemplo, la buena fe por parte del titular del derecho o las acciones específicas que exija la ley.
Resulta relevante destacar que existen excepciones a la prescripción, especialmente para delitos graves o acciones que afecten los derechos fundamentales.
La prescripción en las diferentes áreas del derecho
La prescripción puede aplicarse al derecho civil, penal, laboral y fiscal, entre otros. En el siguiente apartado analizamos los conceptos de prescripción de cada una de estas áreas:
Prescripción en el derecho civil
En el ámbito civil, la prescripción se refiere al plazo establecido por la ley para reclamar el cumplimiento de obligaciones contractuales o la titularidad de un derecho. Por ejemplo, en el caso de deudas existe un tiempo estipulado después del cual el acreedor ya no puede reclamar el pago.
Más información sobre la prescripción de deudas aquí.
Prescripción en el derecho penal
En la vía penal, la prescripción alude al lapso que debe transcurrir para que una persona no pueda ser juzgada o condenada por un delito. La duración de la prescripción depende de la gravedad del acto ilícito. Los delitos más graves tienen un plazo de prescripción más largo, mientras que los menos graves tienen uno más corto.
Más información sobre la prescripción de un delito aquí.
Prescripción en el derecho laboral
En esta área, la prescripción se aplica a reclamaciones relacionadas con derechos laborales. Por ejemplo, si un empleado considera que se le han negado ciertos beneficios o salarios, debe presentar el requerimiento.
Esto debe producirse dentro del tiempo para ello especificado por la ley laboral. Si no lo hace durante ese periodo, se considera que la acción está prescrita.
Prescripción en el derecho fiscal
En la parte fiscal, existen plazos de prescripción para el cobro de impuestos, presentación de declaraciones y reclamación de devoluciones, entre otros.
Tipos de prescripción en derecho civil
En la legislación española, se reconocen dos tipos principales de prescripción: la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva.
Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales.
También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean.
- Prescripción adquisitiva. Es un mecanismo legal, también denominado usucapión, a través del cual una persona adquiere un derecho o la propiedad sobre un bien. Lo anterior, mediante su posesión continua durante el periodo que la ley indique.
- Prescripción extintiva. Se refiere a la pérdida o extinción de un derecho debido al transcurso del tiempo. En este caso, la prescripción opera cuando una persona no ejecuta o reclama un derecho dentro del plazo fijado. Esto significa que, si no se ejerce ese derecho o no se toman acciones legales para hacer valer el mismo durante el lapso de prescripción correspondiente, éste se extinguirá legalmente.
Conclusión
Resulta fundamental consultar la legislación específica aplicable a cada caso. Los elementos, requisitos, efectos, excepciones y plazos de la prescripción pueden variar según el campo jurídico al que corresponda. También de acuerdo con la naturaleza de los derechos o acciones legales involucradas.
Por lo tanto, se constituye en un concepto complejo que requiere la consulta exhaustiva de las leyes y ordenamientos respectivos. Para comprender completamente la prescripción en un contexto específico, es necesario buscar asesoría legal especializada.
De este modo, se podrá evaluar si se cumple con lo necesario para que la alegación y admisión de una prescripción en una situación particular se dé eficazmente.
No cabe duda de la importancia que esta figura representa en el ordenamiento jurídico. Su ejecución promueve la eficiencia del sistema judicial, al fomentar la presentación oportuna de reclamaciones. Con lo cual se evita la acumulación de acciones legales indefinidamente y la sobrecarga de los tribunales con casos antiguos o estancados, agilizando así la administración de justicia.
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