El tráfico de influencias se refiere a la práctica ilegítima en la que una persona emplea su posición de autoridad o poder para lograr ciertos beneficios. Por consiguiente, dicha práctica implica el abuso del poder que tiene una persona para lograr tratos preferenciales.
Bajo el marco legal del Perú, el tráfico de influencias se establece como un delito tipificado en el Código Penal. En vista de ello, trae consecuencias legales que son la pena privativa de libertad y la asignación de multas.
Para la configuración de este delito se emplean las influencias con el objetivo de alcanzar algún tipo de ventaja. Lo cual se puede presentar en procesos administrativos, promociones laborales, contratos, entre otras situaciones.
Disposiciones legales sobre el tráfico de influencias
Según el artículo 400 del Código Penal, el tráfico de influencias se configura cuando alguien utiliza su autoridad real o aparente para conseguir algún beneficio. Es decir, aprovecha su posición de poder para lograr beneficios personales o para terceros de manera ilícita.
Artículo 400. Tráfico de influencias
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
Las personas que incurran en esta práctica ilegal serán sancionadas con pena privativa de libertad, en un periodo de tiempo de cuatro a seis años. Además, se incluye una multa que oscila entre ciento ochenta y trescientos sesenta y cinco días.
Por otro lado, si la persona que comete el delito es funcionario público, esta será sancionada con una pena privativa de libertad de cuatro a ocho años. Donde se incluye una multa de trescientos sesenta y cinco días por el tráfico de influencias, según las circunstancias del hecho.
Tráfico de influencias reales
Cuando se establece un delito de tráfico de influencias real, la persona emplea su posición de poder para obtener un beneficio. En ese sentido, es necesario demostrar que existe una conexión verdadera entre las partes, además de una situación legal o administrativa que se intenta influenciar.
En otras palabras, no solo basta con afirmar tener autoridad o influencia, se debe demostrar que existe un vínculo real. Así como también que hay un conocimiento específico sobre alguna situación que se intenta influir para lograr algún provecho.
Por lo tanto, la influencia es real y efectiva cuando existe algún grado de relación o cercanía entre las partes involucradas. Lo que implica la configuración del delito de tráfico de influencias en conformidad con los criterios de ley vigentes.
Tráfico de influencia simulada
En este caso, la persona que comete el delito no tiene influencias o una posición de poder tan fuerte como lo hace pensar. Por ello, exagera la existencia de alguna relación o conexión con un funcionario público o figura de autoridad para obtener cierta ventaja.
Bajo este contexto, una persona afirma tener influencias, sin embargo, no tiene ninguna posición de poder o conexión efectiva. En vista de ello, no existe algún vínculo real con funcionarios públicos que le permita percibir beneficios.
De esta manera, se muestra como una estrategia engañosa para tratar de influir en algún tipo de proceso legal o administrativo. Donde, si no existen evidencias de conexión, se consideran las afirmaciones de influencia como falsas.