Silencio administrativo

​​​​El silencio administrativo es un mecanismo de garantías definido a favor de los particulares frente a la inacción del Estado. El cual se sostiene durante un procedimiento que cuente con plazos de tiempo para solventar.

Por lo tanto, esta figura nace con el propósito de dar la posibilidad de procesar la inactividad de la administración pública. Dado que toda persona tiene el derecho de formular peticiones a la autoridad y esta se encuentra obligada a responder.

El objetivo final es el de garantizar que las personas no queden desprotegidas cuando no obtengan una contestación oportuna de la autoridad pública dentro del periodo legal definido.

Criterios del silencio administrativo positivo (SAP)

Este mecanismo se establece cuando la autoridad pública le otorga a la persona lo requerido. Lo cual da origen efectivo a un acto administrativo bajo el marco normativo legal peruano.

De hecho, los efectos de esta figura recaen sobre los procedimientos administrativos según la Ley 27444.  Considerando en este caso el conjunto de actos y trámites en las entidades, que generan efectos jurídicos sobre los particulares.

Por ello, en el silencio positivo se aprueba la solicitud, si transcurre el plazo legal previsto y no existe una respuesta de la autoridad.  Lo que se considera como un efecto de la aplicación de este mecanismo.

Es decir, que el silencio positivo genera un acto administrativo que le da fin al procedimiento a favor del administrado.

Criterios del silencio administrativo negativo (SAN)

Dicha figura se sostiene cuando no existe una respuesta de la autoridad y a su vez la decisión es negativa. En vista de ello, el silencio negativo permite que la persona interponga acciones legales para conseguir una solución.

Además, el silencio negativo es aplicable cuando la solicitud hecha pueda afectar el interés público. Según los lineamientos expuestos en el artículo 37 de la Ley N° 27444.

Por otro lado, se dispone que la espera para el procedimiento de evaluación previa no puede ser mayor a 30 días hábiles. A menos que por ley o decreto se defina un plazo mayor, según los criterios del artículo 38 de dicha ley.

De esta manera, se habilita al administrado para acudir a la vía judicial, según sea el caso de su petición. Con objeto de evaluar la negativa de la autoridad y tomar las acciones necesarias dentro del marco normativo.

Aspectos para la aplicación del silencio administrativo

Para que el silencio administrativo se pueda aplicar, hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

  • Solicitud hecha por el administrado permitida como válida para la gestión del trámite.
  • Existencia de una base legal como el TUPA en el cual se prevea la aplicación del silencio administrativo.
  • Petición presentada con sustento legal y alcanzable en la práctica.
  • Plazo legal máximo para aprobar y notificar la decisión vencida.
  • Actuación del administrado con criterios de buena fe.

Bajo este enfoque, la autoridad pública tiene la obligación de dar una respuesta oportuna a cualquier solicitud. Pero esto no quiere decir que la omisión se considere como una aceptación expresa o, por el contrario, el rechazo de la misma.