Malversación

La malversación se refiere al uso ilegal de recursos públicos por parte de funcionarios. En otras palabras, implica el empleo inadecuado de activos pertenecientes al Estado para obtener beneficios propios.

Por lo tanto, en el Perú esta acción se considera un delito que trae consecuencias legales. De hecho, las personas que cometen este acto ilícito pueden tener pena privativa de libertad y multas administrativas.

Bajo este enfoque, la malversación se presenta cuando un funcionario le da a los bienes que administra una aplicación diferente a la que está destinada. 

Principios legales ante el delito de malversación

La malversación tiene lugar cuando un servidor público le da un uso diferente al cual está destinado el dinero o bienes que administra. Esto en conformidad con los criterios señalados en el artículo 389 del Código Penal peruano.

El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años, y ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella.
2. La conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las diez unidades impositivas tributarias.
3. El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional.

Artículo 389 del Código Penal

Además, las personas que cometan este acto ilegal serán sancionados con pena privativa de libertad. En este caso, el periodo de tiempo se establece de 1 a 4 años, así como también la inhabilitación de 5 a 20 años.

Por otro lado, se puede definir una pena privativa de libertad de 4 a 8 años con multa de 365 a 730 días, si se presentan los siguientes aspectos:

  • El funcionario actúa como miembro de una organización criminal o por encargo de la misma. También se presenta este delito si el funcionario está vinculado con miembros de una organización criminal.
  • El delito cometido recae sobre bienes o dinero destinado a programas de asistencia y apoyo social.
  • El servidor público se aprovecha de una situación de desastre o emergencia sanitaria para cometer la acción ilícita.

Sujeto del delito de malversación

En este delito el sujeto activo es el funcionario público que le da al dinero o bienes que administra una aplicación distinta a la consignada. De esta forma se evidencia que no solo se trata de un servidor del estado, sino que tiene una relación funcional con dinero o bienes.

Esto supone la existencia de un vínculo entre el cargo que desempeña el sujeto activo y la dirección de bienes públicos. Está claro que la administración de los bienes permite gestionar actividades o programas oficiales que tenga el Estado.

Por otro lado, el sujeto pasivo en la malversación sería el Estado, ya que se están utilizando bienes o fondos de interés públicos para fines diferentes. Cuando se comete este delito se perjudican las funciones públicas, las cuales impulsan el desarrollo de la sociedad.

Objeto del delito de malversación

El objeto sobre el cual recae el delito de malversación son los bienes del Estado que administra el funcionario que comete el hecho. En otras palabras, el dinero, propiedades o cualquier recurso destinado a funciones de interés público.

De hecho, el sujeto activo emplea estos bienes para obtener algún beneficio personal. Lo cual afecta el progreso de actividades, proyectos y programas destinados al desarrollo de los ciudadanos.

Por ello, la malversación implica el abuso de autoridad y el aprovechamiento ilícito por parte del servidor público que comete este delito. Esto para obtener beneficios propios o para terceros involucrados en el hecho ilegal.