La antijuridicidad se define como la contrariedad del hecho con el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es una acción o conducta que va en contra de lo establecido por el marco legal.
En vista de ello, se considera una manifestación que no se ajusta a los criterios de la ley. Lo que permite catalogar a este conjunto de acciones o hechos como ilícitos.
Además, es uno de los elementos que se deben examinar para determinar la responsabilidad penal de una persona. Lo cual muestra que la antijuridicidad es una condición necesaria para que un acto pueda ser calificado un delito.
Condición de la antijuridicidad
El desarrollo de este término implica como condición esencial una conducta opuesta al derecho. Donde el derecho se detalla como el ordenamiento jurídico de las acciones, lo cual permite calificar si una conducta es correcta o incorrecta en la sociedad.
Por otro lado, el ordenamiento jurídico vigente es el único que denota la antijuridicidad en un acto. Es decir, si este acto va en contra del sistema legal establecido y por ende se puede definir como un delito.
Bajo esta perspectiva, la esencia de este elemento representa un criterio para determinar si se ha cometido un delito o no. Lo cual implica una tipificación en el marco normativo y la imposición de una sanción penal.
Elementos de la antijuridicidad
Para que exista la antijuridicidad es necesaria la manifestación de dos elementos básicos, que en este caso son:
- Conducta típica: se refiere a un comportamiento que debe ajustarse a lo que determina la ley como delito. Es decir, que se considera como un hecho punible en el marco normativo.
- Causas de justificación: para que se genere un delito no deben existir circunstancias que permitan exonerar de responsabilidades al autor del hecho. Considerando que pueden hallarse motivos de justificación que hagan que la conducta sea lícita a pesar de ser contraria a la norma.
Junto a lo anterior, de la exposición de estos elementos hay que considerar si la acción cometida y el resultado poseen un desvalor. Es decir, si son perjudiciales o condenables desde la perspectiva y criterios del marco normativo legal.
Clases de antijuridicidad
De acuerdo a los lineamientos del derecho penal peruano, se establecen dos clases de antijuridicidad, las cuales se describen a continuación:
Antijuridicidad formal
Implica la oposición al ordenamiento jurídico establecido, es decir, aquellos actos que son contrarios a la norma. Por lo tanto, sólo se considera que la acción esté prohibida por la ley.
De hecho, es uno de los aspectos que se deben probar para establecer la culpabilidad de una persona. Cuyo ámbito de aplicación en sí es la contradicción del acto con la ley.
Antijuridicidad material
Se refiere a la conducta que no solo es contraria a la ley, sino que también puede causar algún daño. Por consiguiente, evalúa de manera más profunda la legalidad de una conducta o acto.
Dentro del ámbito penal, es un criterio a considerar al momento de analizar las causas de justificación. Es decir, si existen circunstancias que permitan exonerar de responsabilidades a una persona.