Tráfico de influencias

El tráfico de influencias es un delito que consiste en el uso ilegal o inapropiado de la posición de una persona, generalmente con poder, autoridad o influencia, para obtener favores o ventajas indebidas a cambio de beneficiar a otra persona.

En otras palabras, se trata de lograr que un individuo que ocupa un cargo público tome decisiones injustas con plena conciencia de su impropiedad, con el propósito de beneficiar al que ejerce la influencia o a un tercero.

Este tipo de conducta es considerada un delito en numerosas jurisdicciones, ya que pone en duda la integridad de las instituciones, fomenta la corrupción y pone en duda la confianza en el sistema.

Situaciones de tráfico de influencias

El tráfico de influencias no hace referencia al movimiento de personas o bienes, sino a la manipulación o intercambio de influencias con el fin de obtener beneficios personales o para terceros.

Estas influencias pueden estar relacionadas con diversos ámbitos, como lo político, económico o social, donde una persona tenga la capacidad de ejercer poder sobre decisiones o acciones importantes. En México, el Código Penal Federal en su artículo 221 enumera los casos que son considerados como tráfico de influencias, que son los siguientes:

• Un servidor público que, por sí mismo o a través de terceros, promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos que no están relacionados con las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión.
• Cualquier persona que fomente la conducta ilícita de un servidor público o que colabore en la promoción o gestión mencionada en el punto anterior.
• Un servidor público que, directa o indirectamente, de manera indebida, solicite o promueva cualquier resolución o acto relacionado con el empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que resulte en beneficios económicos para él mismo o para cualquiera de las personas mencionadas en la primera fracción del Artículo 220 del Código Penal Federal.
• Un particular que, sin estar legalmente autorizado para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia sobre los servidores públicos facultados para tomar decisiones en esos negocios, y que intervenga ante ellos para promover una resolución ilícita, a cambio de obtener un beneficio para sí mismo o para otro.

Comete el delito de tráfico de influencia:

I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II.- Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.

III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código.

IV.- Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro.

Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión y de treinta a cien días multa.

Artículo 221 del Código Penal Federal

Sanción del delito de tráfico de influencias

Se han implementado leyes y mecanismos de control con el objetivo de prevenir y combatir el tráfico de influencias, asegurando la transparencia en los procesos de toma de decisiones y aplicando sanciones a aquellos que abusan de su posición para obtener beneficios indebidos

En el contexto de México, el Código Penal Federal establece que la persona que cometa el delito de tráfico de influencias enfrentará una pena que va desde dos hasta seis años de prisión, además de una multa que oscila entre treinta y cien días.

Estas disposiciones buscan disuadir y sancionar este tipo de comportamiento, porque cuando las personas perciben que ciertos individuos o grupos tienen acceso privilegiado a los recursos y oportunidades debido a sus conexiones y no a su mérito, se puede generar una sensación de injusticia y desigualdad, lo que podría desencadenar tensiones y conflictos sociales.