Presunción de inocencia

La presunción de inocencia es un principio esencial en el derecho que establece que toda persona acusada de un delito se considera inocente hasta que se demuestre legal y concluyentemente su culpabilidad.

Este principio se basa en la idea de que la carga de la prueba recae en la acusación y no en la persona acusada. Su propósito es salvaguardar los derechos individuales de aquellos involucrados en procesos judiciales, y refleja la noción de que es preferible dejar impune un delito a condenar a una persona inocente.

Universalidad del principio de presunción de inocencia

La presunción de inocencia es un principio reconocido y respaldado a nivel internacional mediante tratados de derechos humanos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece claramente que "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". Esto es importante porque esta declaración ha sido inspiración para que muchos países incorporen sus principios en sus legislaciones.

Lo mismo sucede con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su artículo 14.2. Aquí se afirma que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. Es igual de importante porque también establece principios y derechos aplicables a todas las personas y que trasciende fronteras.

Introducción en México

Durante un extenso período en la historia legal de México, la presunción de inocencia no se reflejó de manera explícita en las leyes nacionales. En cambio, su reconocimiento se fundamentó principalmente en la suscripción del país a tratados internacionales de derechos humanos antes mencionados. No fue sino hasta la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 que se produjo un cambio significativo en el panorama legal mexicano, pasando de ser inquisitivo a acusatorio.

Se estableció el Sistema Procesal Penal Acusatorio, marcando una transformación fundamental en las instituciones encargadas de la prevención del delito, la investigación, la administración de justicia, la imposición de sanciones y su ejecución. Con la implementación de este nuevo sistema, se formalizó y añadió expresamente el principio de la presunción de inocencia a la Constitución Mexicana.

Esta adición representó un paso significativo hacia la alineación de las leyes nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos, consolidando la presunción de inocencia como un principio fundamental en el sistema legal.

Derecho constitucional

El cambio anterior se ve reflejado en la fracción I del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En dicha Constitución se fijan los alcances y límites del sistema procesal penal acusatorio y reconoce que toda persona imputada de un delito tiene el derecho fundamental a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad a través de una sentencia emitida por el juez de la causa. De esta forma, el sistema judicial del país busca fomentar los juicios justos y equitativos.