Abuso de autoridad

Desde siempre las sociedades han tenido la necesidad y deseo de tener un gobierno honesto, y con sus asegunes, los propios gobiernos lo han tenido en cuanto a que sus funcionarios sean de fiar; en todos sentidos, para evitar rebeliones o saqueos a las haciendas públicas, que para el caso de las monarquías pertenecían a las mismas.

En México, al rastrear las normas que sancionan el ejercicio indebido de la función pública, diversos autores nos remiten al México prehispánico.

Abuso de autoridad

El abuso de autoridad es un delito por el que una persona se aprovecha de otra que está en una situación de subordinación con respecto a ella, gracias a su cargo superior y a sus atribuciones.

El primer antecedente de las responsabilidades producto del ejercicio indebido de la función pública en el México Independiente fue la Constitución de 1824 que estableció un sistema de responsabilidad penal y político el cual abarcaba todos los niveles del gobierno federal.

Dentro del ejercicio indebido de la función pública, si hay una figura predominante y quizá hasta representativa es el abuso de autoridad. Sancionado según lo establece el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la legislación penal como un delito y conforme a la legislación administrativa como una falta.

El Código Penal Federal identifica, en su artículo 215, 14 supuestos en los que se comete este delito, entre ellos:

  • El uso indebido de la fuerza pública.
  • Negar o entorpecer protección o servicios a particulares.
  • No dar atención a las solicitudes de aplicación de justicia (cuando sea su obligación).
  • La negativa a dar el apoyo de la fuerza pública cuando haya solicitud de una autoridad.
  • Ocultar la presencia de presos bajo su custodia (cuando aplique).
  • El permitir y no denunciar la privación ilegal de la libertad.
  • Apropiarse de recursos materiales puestos a su disposición.
  • El pedir cosas para sí o personas cercanas a sus subordinados.
  • Realizar contrataciones fraudulentas.
  • Contratar funcionarios públicos inhabilitados y otorgar acreditaciones de servidor público a personas que no lo son.
  • Obligar a declarar personas que tienen deber de secrecía.

Conductas que se sancionan con desde un año hasta nueve años de cárcel y multas de hasta 400 UMAS, así como la destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro cargo público.

Mientras que en materia administrativa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas la define en su artículo 57 como cuando un servidor público haga uso de facultades que no tenga o use las que sí tiene, para realizar o hacer que otros hagan acciones y omisiones ilegales, para obtener beneficios para el o para sus personas cercanas. Estableciendo en su artículo 78 como sanciones la suspensión, la destitución, la sanción económica y la inhabilitación para ser contratado como servidor público nuevamente.