Artículo 15 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común

Artículo 15. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

art 15 lpac

• Ley del Procedimiento Administrativo Común
  • Título II. De la actividad de las Administraciones Públicas.
    • Capítulo I: Normas generales de actuación.
      • Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
      • Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
      • Artículo 15. Lengua de los procedimientos.
      • Artículo 16. Registros.
      • Artículo 17. Archivo de documentos.
      • Artículo 18. Colaboración de las personas.
      • Artículo 19. Comparecencia de las personas.
      • Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación.
      • Artículo 21. Obligación de resolver.
      • Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver.
      • Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar.
      • Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
      • Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.
      • Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.
      • Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.
      • Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.