Ley del Procedimiento Administrativo Común

La Ley del Procedimiento Administrativo Común establece una regulación de las relaciones "ad extra" entre las Administraciones y los administrados.

Esta repercute tanto en lo relacionado con el ejercicio de la potestad de autotutela, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.

Esta ley se recoge en el Boletín Oficial del Estado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y consta de los siguientes artículos.

Artículos explicados

  • Preámbulo
  • Título Preliminar. Disposiciones generales.
  • Título I. De los interesados en el procedimiento.
    • Capítulo I: La capacidad de obrar y el concepto de interesado.
      • Artículo 3. Capacidad de obrar.
      • Artículo 4. Concepto de interesado.
      • Artículo 5. Representación.
      • Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.
      • Artículo 7. Pluralidad de interesados.
      • Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento.
    • Capítulo II: Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo.
      • Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.
      • Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.
      • Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.
      • Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.
  • Título II. De la actividad de las Administraciones Públicas.
    • Capítulo I: Normas generales de actuación.
      • Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
      • Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
      • Artículo 15. Lengua de los procedimientos.
      • Artículo 16. Registros.
      • Artículo 17. Archivo de documentos.
      • Artículo 18. Colaboración de las personas.
      • Artículo 19. Comparecencia de las personas.
      • Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación.
      • Artículo 21. Obligación de resolver.
      • Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver.
      • Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar.
      • Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
      • Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.
      • Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.
      • Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.
      • Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.
    • Capítulo II: Términos y plazos.
      • Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos.
      • Artículo 30. Cómputo de plazos.
      • Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros.
      • Artículo 32. Ampliación.
      • Artículo 33. Tramitación de urgencia.
  • Título III. De los actos administrativos.
    • Capítulo I: Requisitos de los actos administrativos.
      • Artículo 34. Producción y contenido.
      • Artículo 35. Motivación.
      • Artículo 36. Forma.
    • Capítulo II: Eficacia de los actos.
      • Artículo 37. Inderogabilidad singular.
      • Artículo 38. Ejecutividad.
      • Artículo 39. Efectos.
      • Artículo 40. Notificación.
      • Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
      • Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel.
      • Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
      • Artículo 44. Notificación infructuosa.
      • Artículo 45. Publicación.
      • Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones.
    • Capítulo III: Nulidad y anulabilidad
      • Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.
      • Artículo 48. Anulabilidad.
      • Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos.
      • Artículo 50. Conversión de actos viciados.
      • Artículo 51. Conservación de actos y trámites.
      • Artículo 52. Convalidación.
  • Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
    • Capítulo I: Garantías del procedimiento.
      • Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.
    • Capítulo II: Iniciación del procedimiento.
      • Sección I: Disposiciones generales.
        • Artículo 54. Clases de iniciación.
        • Artículo 55. Información y actuaciones previas.
        • Artículo 56. Medidas provisionales.
        • Artículo 57. Acumulación.
      • Sección II: Iniciación del procedimiento de oficio por la administración.
        • Artículo 58. Iniciación de oficio.
        • Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa.
        • Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior.
        • Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos.
        • Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia.
        • Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
        • Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora.
        • Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
      • Sección III: Inicio del procedimiento a solicitud del interesado.
        • Artículo 66. Solicitudes de iniciación.
        • Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
        • Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.
        • Artículo 69. Declaración responsable y comunicación.
    • Capítulo III: Ordenación del procedimiento.
      • Artículo 70. Expediente Administrativo.
      • Artículo 71. Impulso.
      • Artículo 72. Concentración de trámites.
      • Artículo 73. Cumplimiento de trámites.
      • Artículo 74. Cuestiones incidentales.
    • Capítulo IV: Instrucción del procedimiento.
      • Sección I: Disposiciones generales.
        • Artículo 75. Actos de instrucción.
        • Artículo 76. Alegaciones.
      • Sección II: Prueba.
        • Artículo 77. Medios y período de prueba.
        • Artículo 78. Práctica de prueba.
      • Sección III: Informes.
        • Artículo 79. Petición.
        • Artículo 80. Emisión de informes.
        • Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
      • Sección IV: Participación de los interesados.
        • Artículo 82. Trámite de audiencia.
        • Artículo 83. Información pública.
    • Capítulo V: Finalización del procedimiento.
      • Sección I: Disposiciones generales.
        • Artículo 84. Terminación.
        • Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores.
        • Artículo 86. Terminación convencional.
      • Sección II: Resolución.
        • Artículo 87. Actuaciones complementarias.
        • Artículo 88. Contenido.
        • Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.
        • Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.
        • Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
        • Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
      • Sección III: Desistimiento y renuncia.
        • Artículo 93. Desistimiento por la Administración.
        • Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados.
      • Sección IV: Caducidad.
        • Artículo 95. Requisitos y efectos.
    • Capítulo VI: De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
      • Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
    • Capítulo VII: Ejecución.
      • Artículo 97. Título.
      • Artículo 98. Ejecutoriedad.
      • Artículo 99. Ejecución forzosa.
      • Artículo 100. Medios de ejecución forzosa.
      • Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio.
      • Artículo 102. Ejecución subsidiaria.
      • Artículo 103. Multa coercitiva.
      • Artículo 104. Compulsión sobre las personas.
      • Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias.
  • Título V. De la revisión de los actos en vía administrativa.
    • Capítulo I: Revisión de oficio.
      • Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.
      • Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables.
      • Artículo 108. Suspensión.
      • Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.
      • Artículo 110. Límites de la revisión.
      • Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado.
    • Capítulo II: Recursos administrativos.
      • Sección I: Principios generales.
        • Artículo 112. Objeto y clases.
        • Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión.
        • Artículo 114. Fin de la vía administrativa.
        • Artículo 115. Interposición de recurso.
        • Artículo 116. Causas de inadmisión.
        • Artículo 117. Suspensión de la ejecución.
        • Artículo 118. Audiencia de los interesados.
        • Artículo 119. Resolución.
        • Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos.
      • Sección II: Recurso de alzada.
        • Artículo 121. Objeto.
        • Artículo 122. Plazos.
      • Sección III: Recurso potestativo de reposición.
        • Artículo 123. Objeto y naturaleza.
        • Artículo 124. Plazos.
      • Sección IV: Recurso extraordinario de revisión.
        • Artículo 125. Objeto y plazos.
        • Artículo 126. Resolución.
  • Título VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
    • Artículo 127. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley.
    • Artículo 128. Potestad reglamentaria.
    • Artículo 129. Principios de buena regulación.
    • Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación.
    • Artículo 131. Publicidad de las normas.
    • Artículo 132. Planificación normativa.
    • Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.