Ley de asistencia jurídica gratuita

La ley de asistencia jurídica gratuita consiste en determinar una serie de beneficios a determinadas personas que tengan que enfrentarse a un proceso judicial y no posean recursos suficientes para hacer frente a los gastos que conlleva ese proceso.

Ley de asistencia jurídica gratuita

La ley de asistencia jurídica gratuita otorga unos beneficios y un asesoramiento gratuito a personas con necesidad económica ante un proceso judicial

Por lo tanto, se trata de una ley que permite a determinadas personas liberarse de los costes relativos a un litigio y obtener asesoramiento previo así como la defensa y la representación gratuita de un abogado de oficio y un procurador.

¿Quién tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita?

Según el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho en España a la asistencia jurídica gratuita:

  1. Las personas físicas que sean ciudadanos nacionales o los extranjeros con residencia legal en España que acrediten insuficiencia de recursos para el litigio.
  2. Las personas jurídicas que sean asociaciones de utilidad pública o fundaciones inscritas en el Registro Público siempre que acrediten que no tienen recursos suficientes para litigar.

En cuanto a la insuficiencia de recursos económicos, se requiere que los ingresos brutos anuales de las personas que soliciten la asistencia jurídica gratuita no superen unos límites que se establecen en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en el año 2018 el IPREM mensual era de 537,84 euros). En concreto, los ingresos brutos no pueden superar:

  • Dos veces el IPREM para personas no integradas en unidad familiar.
  • Dos veces y media el IPREM para personas integradas en alguna unidad familiar con más de cuatro miembros.
  • Tres veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más miembros.

Además, con independencia de los recursos que posean, tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita las víctimas de violencia de género, terrorismo, de trata de seres humanos y de accidentes, así como los menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedades mentales víctimas de abuso o maltrato.