Juicio por incapacidad

El juicio por incapacidad es un proceso que se interpone ante los Juzgados de lo Social, en contra del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Se llegará a un proceso judicial por incapacidad cuando una persona haya agotado las instancias administrativas para solicitar la incapacidad permanente y las mismas hayan sido desestimadas o rechazadas.

¿Cuándo se puede interponer una demanda por incapacidad?

Para poder introducir una demanda por incapacidad se deberán haber agotado las instancias administrativas que existen para solicitar una incapacidad permanente.

Todo trabajador que no haya llegado a la edad de la jubilación y se encuentre en una situación que le imposibilite continuar desempeñando su actividad laboral, tiene derecho a solicitar su incapacidad permanente.

Para poder optar a este derecho deberá también estar de alta en la Seguridad Social, o en una situación de asimilado al alta, como por ejemplo estar de baja médica, y tener un tiempo mínimo establecido de cotizaciones en el sistema de Seguridad Social. Este último requisito no es exigible, si la incapacidad deriva de una enfermedad profesional o de un accidente, sea éste laboral o no.

Cuando la resolución deniega la incapacidad permanente, el trabajador procederá a presentar una reclamación ante el INSS en un plazo de 30 días desde el momento en que recibe la notificación. El INSS debe contestar la reclamación en un plazo máximo de 45 días. Si no lo hace, se considera denegada por silencio administrativo.

¿Cómo se llega a un juicio por incapacidad?

Si se han agotado las instancias administrativas, entonces ya el trabajador puede introducir una demanda por incapacidad ante el Juzgado de lo Social. Esa demanda deberá presentarse en un plazo de 30 días desde el momento en que se recibe la notificación, bien sea porque se emitió una denegación expresa a la reclamación, o porque se entienda que la misma quedó denegada por silencio administrativo.

Este procedimiento ante el juzgado debe resolverse en un tiempo máximo de 135 días. Si transcurrido ese periodo de tiempo no se resuelve, se considera denegada la incapacidad permanente por silencio administrativo.

La demanda será un documento escrito en el cual se solicitará que se reconozca judicialmente un derecho. Ese escrito deberá estar acompañado de una variedad de documentos para ser presentados a la corte. Dichos documentos deben proporcionar prueba de que la persona está incapacitada para trabajar.

Un juicio por incapacidad es un procedimiento legal que determina si una persona cumple los requisitos para recibir una pensión por incapacidad permanente según las normas de la Seguridad Social. Durante el proceso, un juez revisará la evidencia presentada tanto por el reclamante como por la Seguridad Social, para tomar una decisión sobre si el reclamante ha cumplido o no con todos los criterios necesarios.

¿Cómo transcurre el juicio por incapacidad?

Después de que se introduce la demanda hay que esperar que la misma sea aceptada. Esto puede tardar entre 2 y 3 meses. Cuando la demanda es admitida, la misma se asigna a un Tribunal de lo Social, y se emite un documento que se denomina “Decreto de admisión y señalamiento de juicio”.

A partir de ahí se inicia el proceso propiamente dicho. El proceso completo puede durar entre 1 y 2 años.

Es importante estar atentos a los periodos de tiempo que están claramente establecidos, para poder interponer reclamaciones o demandas en los procedimientos de solicitud de incapacidad permanente. Si se vencen los plazos ya no es posible interponer la demanda.

Por todo ello es recomendable buscar el asesoramiento de abogados especializados en la materia, que conocen la manera idónea de llevar a cabo estos procesos.

Contenido de la demanda

El documento de demanda por incapacidad debe contener la siguiente información:

• Debe identificar el organismo al que se demanda, que en este caso es el Instituto Nacional de Seguridad Social, y el tipo de proceso que es una solicitud de prestaciones a la seguridad social.
• Tiene que aportar los datos de identificación completos del demandante.
• Si el caso deriva de una enfermedad profesional o accidente de trabajo deberá incluir además los datos de la mutua.
• Se deben exponer clara y detalladamente los hechos en los que se fundamenta la demanda. En este punto, además de explicar por qué se solicita la incapacidad, deberá hacerse mención a todo el proceso administrativo recorrido, que da derecho a que ya se introduzca una demanda judicial.
• Se indicará también fecha, lugar y firma

El documento de demanda deberá acompañarse de un informe médico completo y actualizado que contenga todos los exámenes que certifiquen la incapacidad en cuestión. Dicho informe deberá indicar, además del diagnóstico, las limitaciones funcionales que la dolencia causa y que demuestran que la persona no está en capacidad de trabajar.

Existe un documento que emiten las mismas empresas que se llama profesiograma, que se puede solicitar en la empresa donde trabajaba el demandante. Se trata de un documento importante, ya que en él se ven claramente las funciones que debe realizar una persona en su actividad laboral, y permite compararlo con la situación en la que se encuentra el demandado y orienta al juez en la toma de decisión en un juicio por invalidez total o parcial.

La sentencia en un juicio por incapacidad

Por norma general, una sentencia en un juicio por incapacidad ante el INSS, una vez que se celebra la vista oral del proceso en la cual se presentan todos los recaudos, se dictará en un tiempo de un mes aproximadamente.

La sentencia determinará una fecha de efectividad en la cual el demandante deberá recibir en un pago la prestación económica que se acuerde en el proceso.

Si la sentencia no es favorable al trabajador, se podrá interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que corresponda.

Cuando en esa instancia tampoco se logra una sentencia a favor del trabajador, el reclamante podrá interponer un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo.

Más información

• Demanda por incapacidad permanente contra la Seguridad Social