Insolvencia

La insolvencia es la incapacidad de una persona física o jurídica de saldar una deuda en un periodo de tiempo determinado. En función de sus características, la insolvencia puede ser provisional (si la causa es una iliquidez temporal que pueda ser resuelta) o definitiva (en caso de que la empresa no disponga de activos suficientes para afrontar sus pagos).

Insolvencia

La insolvencia es la incapacidad de una persona de saldar una deuda.

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La RAE define la insolvencia como la "falta de solvencia, incapacidad para pagar una deuda". Una persona insolvente, por tanto, no dispone de los medios suficientes para asumir una obligación financiera. Se pueden iniciar acciones legales para obligarle a pagar.

Este fenómeno, que se produce cuando el activo circulante es inferior al pasivo exigible, también se conoce como quiebra o bancarrota.

Tipos de insolvencia

Esta clasificación surge de la capacidad, o no, del deudor para saldar un débito.

  1. Provisional, si la incapacidad de realizar los pagos es temporal y la situación de iliquidez es remediable. La solución podría estar en un patrimonio no líquido que, a largo plazo, pudiera solucionar el problema, en un aplazamiento de pagos o en el perdón de los acreedores de parte de la deuda.
  2. Definitiva, cuando no se disponen de activos suficientes para poder afrontar los pagos, ni a medio ni a largo plazo. Se viviría, entonces, una situación irremediable de bancarrota o quiebra.

¿Cómo actuar en caso de que una empresa sea insolvente?

Aquel empresario que no pueda asumir sus pagos tiene que comunicárselo al juez, tal y como dispone el artículo 5 de la Ley Concursal, y solicitar la apertura de un expediente de suspensión de pagos.

Después de que se inicie el procedimiento judicial, el empresario insolvente puede iniciar negociaciones con sus acreedores para conseguir un acuerdo extrajudicial de pago.

Si el juez declara el concurso de acreedores, el empresario tiene que aportar toda la documentación necesaria y, si todo es correcto, los jueces tramitarán la petición, se intervendrá la sede y se publicará en los distintos boletines oficiales.

Finalmente, el juez nombrará tres interventores que supervisarán la labor del empresario, que permanecerá al frente de la compañía. Asimismo, elaborarán un informe contable que servirá para catalogar el grado de insolvencia.

¿Cómo actuar en caso de que un particular sea insolvente?

En caso de tratarse de particulares y autónomos, en lugar de acudir al concurso de acreedores tienen a su disposición la Ley de Segunda Oportunidad.

Este mecanismo legal permite a personas físicas exonerar total o parcialmente sus deudas para evitar la situación de insolvencia y poder empezar de cero.

Se considera insolvente a cualquier persona que no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones de pago, así lo estipula el artículo 2 de la Ley 22/2003. En caso de que el insolvente sea una persona física (particular, autónomo o empresario), puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad para reestructurar sus deudas. Esta Ley pretende ayudar a aquellas personas sobreendeudadas para que se reincorporen a la economía del país.

La Ley de la Segunda Oportunidad (Ley 25/2015) ofrece un mecanismo de supresión de deudas similar al que utilizan las empresas para eliminar las deudas, pero con un marco legal diseñado adecuadamente para estos casos. Este procedimiento legal consta de una primera fase extrajudicial y una segunda fase judicial, donde se reducen o eliminan las deudas respectivamente.

Fina Salazar, socia fundadora de Abogados para tus deudas

¿Supone un delito?

El Código Penal habla en su artículo 259 de insolvencias como delito y enumera una serie de conductas constitutivas de insolvencias punibles, que se castigan con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses.

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Referencias