Insolvencia punible

La insolvencia punible es un delito que consiste en que una persona realiza ciertos movimientos en su patrimonio para eludir el pago de una deuda.

Insolvencia punible

La insolvencia punible consiste en realizar ciertos movimientos en el patrimonio para eludir el pago de una deuda.

Se trata de un delito económico recogido en el Título XIII del Código Penal español en los artículos 259, 259 bis, 260, 261 y 261 bis.

¿En qué consiste el delito de insolvencia punible?

El delito de insolvencia punible se da cuando un deudor trata de provocar un desajuste en sus activos para alegar que no tiene patrimonio suficiente con el que responder a un derecho de crédito.

Por ello, el acreedor se verá perjudicado y el bien jurídico que se ve afectado es ese derecho de crédito del acreedor frente al deudor.

Básicamente, las conductas constitutivas de un delito de insolvencia punible son dos:

  1. Ocultación o daños de elementos patrimoniales.
  2. Realización de ciertos actos de disposición que perjudiquen el pago de una deuda.

Requisitos para el delito de insolvencia punible

Aunque este delito se desenvuelva en el ámbito de una insolvencia real o aparente, no se puede castigar la mera incapacidad de enfrentarse a deudas por uno mismo.

Solo tendrán relevancia penal los casos en los que se pueda vincular al sujeto pasivo del derecho de crédito con las conductas punibles que se han mencionado en el apartado anterior.

Hay que tener claro que en el Derecho Penal no se castiga el impago de deuda en ningún caso.

Además, es importante señalar que la incapacidad para atender las obligaciones con el patrimonio existente ha de ser de carácter definitivo. No valdrían situaciones de falta de liquidez en ocasiones puntuales.

¿Cuándo se puede iniciar la persecución del deudor?

Para perseguir penalmente al sujeto pasivo de un derecho de crédito no es necesario esperar a la pronunciación del caso en el ámbito civil. De hecho es que, aun existiendo una calificación civil previa de insolvencia, no vinculará al juez penal.

La razón que lo justifica está en que a partir de 1995, el Código Penal comenzó a regular estas cuestiones con autonomía, independizándose de la legislación mercantil y la jurisdicción civil.

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