Incapacitación judicial

La incapacitación judicial es una situación jurídica en la que una persona física no tiene capacidad de obrar suficiente y requiere a otra para regir su persona o sus bienes.

Incapacitación judicial

La incapacitación judicial es un estado civil determinado por un Juez a través de una sentencia que establece que una persona no puede valerse por sí misma.

Cuando las enfermedades físicas o psíquicas le impiden a una persona tomar sus propias decisiones, puede aplicarse la incapacitación judicial.

Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

Artículo 200 del Código Civil

También en los casos de menores de edad no emancipados cuya patria potestad haya cesado o que estén en situación de desamparo.

Los menores de edad podrán ser incapacitados cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad.

Artículo 201 del Código Civil

Este proceso jurídico busca proteger los derechos personales y patrimoniales de los afectados. La otorga un juez y pueden solicitarla los familiares directos o el Ministerio Fiscal.

Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley.

Artículo 199 del Código Civil

La edad y la solicitud del proceso

La incapacitación judicial es un proceso reversible. Si se supera la situación que generó su declaración, la incapacitación puede modificarse e incluso revertirse mediante otro proceso judicial.

Generalmente este proceso puede comenzar a los 21 años, pero puede solicitarse a partir de los 14 años si los argumentos son de peso. A los adultos mayores que padecen Alzheimer, por ejemplo, también se les puede designar un tutor mediante un proceso de incapacitación judicial.

El proceso lo puede iniciar el cónyuge, los descendientes como hijos o nietos; también los ascendientes, como padres y abuelos. Por otro lado, están los hermanos, o quien ejerza la patria potestad o la tutela, si se trata un menor de edad.

También puede iniciar a solicitud del Ministerio Fiscal, y en este caso la representación del presunto incapaz la ejercerá un defensor judicial. Cualquier persona que conozca de alguna causa de incapacitación puede notificarlo al ministerio y este iniciar el procedimiento.

El juez, el único facultado

El artículo 199 del Código Civil regula este proceso.

Se reserva al juez de primera instancia del lugar donde reside el posible incapacitado, la competencia para conocer la solicitud.

Una vez que las personas facultadas comparecen ante la justicia, el presunto incapaz puede asumir su propia defensa. De lo contrario, será el Ministerio Fiscal el que lo represente, salvo que sea este organismo el que haya impulsado el procedimiento. En ese caso, se le designará un defensor judicial.

Escuchados los alegatos, el juez tiene varias alternativas. Además de examinar al presunto incapaz, ordenará las experticias. En su decisión, deberá tomar en cuenta la opinión del Ministerio Fiscal y del propio tutelado mayor de 12 años.

Si procede la incapacitación, el juez decidirá el tiempo y sus límites. El magistrado puede optar por la tutela o la curatela para resguardar a la persona y su patrimonio. En casos excepcionales, dependiendo de las circunstancias, podrá ordenar el internamiento en un centro hospitalario o psiquiátrico.

Guarda y protección del incapacitado

En el Código Civil español la guarda y protección de la persona incapacitada está contemplada en los artículos 215 y siguientes. En estos preceptos se establece la guarda y protección del incapacitado y de sus bienes.

La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados se realizará, en los casos que proceda, mediante:

1. La tutela.

2. La curatela.

3. El defensor judicial.

Artículo 215 del Código Civil

La figura del tutor

Por tanto, es habitual que esta guarda y protección esté reservada a un tutor que velará porque su tutelado tenga alimentos, educación y atención en salud. También estará pendiente de la recuperación y posible reinserción en la sociedad.

En caso de que exista, el tutor administra el patrimonio del tutelado. Para ello deberá hacer inventario de los bienes que gestiona, en un plazo de 60 días a partir de su designación.

El tutor está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo.

Artículo 262 del Código Civil

El tutor está en la obligación de informar al juez, anualmente, sobre la situación de la persona incapacitada. Además, deberá rendirle cuentas de la administración de los bienes. El Ministerio Fiscal vigilará la tutela, pudiendo solicitar información en cualquier momento.

El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:

1. A procurarle alimentos.

2. A educar al menor y procurarle una formación integral.

3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad.

4. A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración.

Artículo 269 del Código Civil

De hecho, el tutor requerirá autorización judicial para ejecutar determinadas acciones. Por ejemplo, si quiere internar a su tutelado en un centro de salud mental debe pedir permiso o si quiere llevarlo a centros de educación especial.

Sin informar al juez, el tutor no podrá enajenar o gravar las propiedades del tutelado. Tampoco podrá celebrar contratos, renunciar a derechos, hacer gastos extraordinarios ni someter a arbitraje cuestiones de interés del tutelado. No podrá entablar demandas, a menos que se trate de montos bajos o situaciones de extrema urgencia.

Tutela o curatela

La tutela finaliza cuando el menor de edad cumple 18 años, si el tutelado es adoptado o se restablece la patria potestad. La otra opción es que se revierta la incapacitación judicial. En todos los casos, el tutor deberá entregar al juez una cuenta de la administración de los bienes.

En la curatela, la diferencia fundamental es que el curador complementa la capacidad del sometido. No lo representa ni sustituye.

La reversión de la incapacitación judicial

Si las circunstancias que motivaron la incapacitación cambian, puede iniciarse un procedimiento de modificación de la decisión o incluso su reversión. Corresponderá en este caso al cónyuge o a los descendientes o ascendientes iniciar este nuevo proceso.

También pueden hacerlo quienes tengan la tutela o la patria potestad de las personas, o el Ministerio Fiscal. El propio incapacitado podría igualmente comenzar esta petición, para lo cual deberá estar autorizado judicialmente.

En los casos de enfermedades como el Alzheimer en estado avanzado puede recurrirse a la incapacitación judicial. De esa forma, se evitaría poner en riesgo el patrimonio familiar, por decisiones equivocadas tomadas por el paciente.

Previamente, sin embargo, podrían agotarse otros mecanismos como poderes preventivos, testamentos o la autotutela. Esto último permite al enfermo o incapaz jurídico, aún con pleno uso de sus facultades, designar a la persona que será su tutor.

En fechas recientes, el Congreso de Diputados aprobó una reforma al Código Civil que impulsa el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad intelectual. Se sustituye así la incapacitación judicial por un sistema de apoyo, que incluye ayuda para el reconocimiento de su personalidad jurídica.

También se incluyó la reforma de las siguientes leyes: del Notariado, Hipotecaria, de Enjuiciamiento Civil y de protección patrimonial de las personas con discapacidad. La Normativa Tributaria, del Registro Civil y de la Jurisdicción Voluntaria están incluidas en estas modificaciones que ahora esperan el visto bueno del Senado.

La incapacitación judicial busca preservar los derechos de la persona y su patrimonio. Es reversible, siempre que las circunstancias cambien, decisión que compete al juez, el único facultado para tomar decisiones en este caso.

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