Incapacitación judicial

La incapacitación judicial es una situación jurídica en la que una persona física no tiene capacidad de obrar suficiente por su estado físico o psíquico y necesita de otra persona para regir su persona o sus bienes.

Por lo tanto, esta incapacidad es un estado civil que determina que una persona no puede valerse por sí misma (tiene limitada su capacidad para realizar actos jurídicos con eficacia) mediante una sentencia dictada por el Juez.

Hay que tener en cuenta que el término incapacidad es diferente que el de discapacidad. Por un lado, la discapacidad es una situación administrativa, mientras que la incapacidad es un estado civil que debe ser declarado mediante sentencia judicial.

La incapacitación judicial se encuentra regulada a partir del artículo 199 del Código Civil.

Requisitos para la declaración de incapacidad judicial

Para que un juez declare la incapacidad de una persona deben concurrir los siguientes aspectos:

  1. Tener una enfermedad o deficiencia física o psíquica.
  2. Que esa enfermedad o deficiencia sea permanente, es decir, persistente en el tiempo.
  3. No poder gobernarse por sí misma.

Así, si se cumplen estos requisitos, la incapacitación judicial se declarará mediante sentencia judicial con el objetivo de proteger a estas personas a nivel patrimonial y personal pudiendo declarar una incapacidad total o parcial.

Representación de una persona incapacitada judicialmente

La incapacitación judicial supone la necesidad de una persona para proteger y representar al incapacitado.

Por lo tanto, el incapacitado queda sometido a un sistema de protección que puede ser la tutela (mediante un tutor legal), la curatela (a través de la figura del curador) o bien el defensor judicial. La elección de uno de estos modos de protección la decidirá el juez.

Extinción de la incapacitación judicial

La sentencia de incapacidad es de carácter reversible, es decir, se puede modificar (porque hayan variado las circunstancias o el alcance de la misma) o extinguir tras ser revisada.

Concretamente, se puede producir la extinción de una incapacidad judicial por ejemplo por los siguientes motivos:

  • Por declarar en una nueva sentencia la recuperación de la plena capacidad de obrar del individuo.
  • Por fallecimiento del incapacitado.